Hace seis meses que los dos partidos representados en la Asamblea, PSOE y PP, aprobaban el dictamen favorable a la fusión de Caja Extremadura y Caja de Badajoz. El texto, aprobado el 12 de febrero, defendía la unión de las dos entidades financieras extremeñas en defensa de los intereses generales de la región, si bien dejaba en todo momento en manos de sus órganos de gobierno la decisión definitiva sobre el proceso.
Se aprobaba así el dictamen que, tras un año de trabajos, había presentado dos días antes la Comisión No Permanente para el Estudio del Sistema Financiero Extremeño, que concluía que la fusión de las dos cajas con domicilio social en la comunidad "será netamente positiva para la región en su conjunto". Aclaraba, no obstante, que el contenido del dictamen "refleja una posición institucional", y desde la perspectiva de los intereses generales de la comunidad, que "en nada limita la autonomía de los órganos rectores de las cajas", a los que "compete la decisión sobre el inicio y desarrollo de tal proceso de integración y los pertinentes estudios o análisis técnicos sobre las ventajas, desventajas, costes y beneficios de tal proceso para las entidades afectadas".
