El intento de regulación en Extremadura de las parejas de hecho tuvo su primera expresión en una proposición de ley presentada por IU en enero de 1999, al final de la pasada legislatura, y que no se llevó a la Asamblea por decisión de la Junta. Meses después, y tras aprobarse la reforma del Estatuto de Autonomía, IU volvió a intentarlo nada más inaugurarse la presente legislatura.
De nuevo, el Ejecutivo regional argumentó en contra, señalando que la Junta carecía de competencias para regular esta cuestión, posición que fue defendida en la Asamblea por entonces diputada regional socialista Inés María Rodríguez.
Por su parte, la diputada Cristina Herrera, que sostuvo la postura del PP, indicó que la propuesta era incoherente, porque regulaba a quien no quería ser regulado y trataba como casados a quien se prohibía casarse.
La proposición, defendida por la diputada Teresa Rejas, fue rechazada con los votos en contra del PSOE y la abstención de los populares.
