El Consejo de Gobierno aprobó ayer una inversión superior a los 26 millones de euros para dar un impulso a las políticas sociales en la región, según explicó el presidente extremeño José Antonio Monago. Dentro de este montante se incluye una partida de un millón de euros destinada a los extremeños a los que el Gobierno central reconoció una ayuda para que pudieran pagar la entrada de las viviendas protegidas que compraron y que finalmente no se les abonó.
Monago recordó que hace dos años, cuando accedió a la presidencia de la Junta, se marcó el reto de "tratar de llegar" allí donde no pudiera el Gobierno central, sobre todo en el caso de los colectivos más vulnerables, porque "no queremos que ningún extremeño se pueda quedar en el camino". El presidente extremeño recordó que, en el caso de estas ayudas, "las últimas modificaciones legislativas estatales han supuesto nuevos obstáculos a la comercialización de las viviendas protegidas" en Extremadura.
Para evitar este perjuicio, según Monago, se promulga el decreto que articulará estas ayudas y que se calcula que beneficiará al menos a más de un centenar de ciudadanos.
El Ejecutivo extremeño aprobó también, como ya se adelantó el pasado lunes, la autorización de varios convenios, por unos 23,5 millones de euros, dirigidos a mantener los servicios que garantizan la atención a los mayores, personas en situación de dependencia y personas con discapacidad en la región.
