El Consejo de Gobierno, reunido en sesión ordinaria, aprueba el decreto, que da el visto bueno al Estatuto del Voluntariado Social, en desarrollo de la Ley 1/1998, de 5 de febrero, en la que se regula esta actividad en Extremadura.
La finalidad de este decreto se centra en la regulación de las relaciones entre las personas voluntarias y las entidades de voluntariado social respecto a los derechos y deberes que les asisten, así como la implicación de las Administraciones Públicas para el fomento y coordinación del voluntariado social en Extremadura.
El decreto delimita los conceptos de voluntario y de entidades de voluntariado frente a otras realidades cercanas pero que no se pueden incluir en las figuras reguladas por esta norma, además de enumerar las actividades susceptibles de ser entendidas como propias de voluntariado y los campos en los que pueden desenvolverse.
Asimismo, y en desarrollo de la norma, el decreto establece los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades de voluntariado, que constituyen el núcleo principal de este estatuto.
Además, el decreto regula la organización y el funcionamiento del Registro Central de Entidades de Voluntariado, de ámbito autonómico y carácter público, en el que se inscribirán las entidades que reúnan los requisitos establecidos en la Ley 1/1998, de 5 de febrero, de Voluntariado Social en Extremadura, y en el decreto.
Por último, establece la creación del Consejo Extremeño del Voluntariado, como órgano de participación y consulta de la Administración autonómica en la materia.
Otros acuerdos
Por otra parte, el Consejo de Gobierno da el visto bueno a un decreto por el que se crea el Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura (CAEX); se designa la autoridad de control y certificación para las actividades de producción, elaboración, comercialización e importación de productos ecológicos; se crean los registros; y se establecen los instrumentos de fomento, promoción y asesoramiento en materia de producción ecológica en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
En concreto, el decreto establece como objeto la creación del Comité de Agricultura Ecológica de Extremadura, la designación de la Dirección General de Explotaciones Agrarias y Calidad Alimentaria como autoridad de control y certificación de la producción, elaboración, comercialización e importación de países terceros en materia de producción ecológica y la creación de tres registros en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que son el Registro de Operadores titulares de Fincas Agropecuarias de Producción Ecológica, Registro de Elaboradores y Comercializadores de Producción Ecológica y Registro de Importadores de terceros países.
También en el apartado de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ejecutivo ha aprobado el gasto derivado de la orden por la que se las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2009, con un presupuesto de 690.863 euros.
Esta orden tiene por objeto la convocatoria de subvenciones destinadas a aquellas organizaciones profesionales agrarias que, sin ánimo de lucro, representen al sector agrario extremeño, tengan al menos ámbito provincial y hayan concurrido a las elecciones al campo de la Comunidad Autónoma de Extremadura inmediatamente anteriores a la convocatoria de estas ayudas.
El en área de Fomento, el Ejecutivo aprobó definitivamente el Proyecto de Interés Regional (PIR) San Isidro, promovido por la empresa GISVESA, que consiste en la reclasificación, ordenación y urbanización de terrenos situados en la dehesa boyal en Sierra de Fuentes, con el objetivo de construir viviendas acogidas al Plan de Vivienda y Suelo 2004-2007.
También procedió a la aprobación definitiva del PIR que determinará el cambio de uso de los terrenos en los que se ubicará el nuevo hospital de Don Benito-Villanueva de la Serena. En la actualidad tienen uso residencial y pasarán a ser de uso de equipamiento y dotacional.
Los terrenos están situados junto a la carretera EX - 206. El nuevo PIR será llevado a cabo por la Consejería de Sanidad y Dependencia como promotora.
Ayudas al transporte
El Consejo autoriza el gasto derivado de la orden por la que se convocan subvenciones a la movilidad de determinadas personas en los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera y de concesión de ayudas a las empresas para comprar bienes de equipo de gestión en el año 2009, por importe de 1.306.000 euros.
Los beneficiarios de las subvenciones serán mayores de sesenta años, personas beneficiarias de pensiones contributivas, pensiones de invalidez, pensiones no contributivas de invalidez, y personas perceptoras de la prestación familiar por hijo discapacitado a su cargo, entre otras.
Por otra parte, las ayudas supondrán el pago del cien por cien de la adquisición de los equipos precisos para el control, como son las máquinas lectoras-expendedoras de tarjetas inteligentes de transporte, a las empresas prestadoras de estos servicios.
