El pleno de la Asamblea de Extremadura aprobó ayer con los votos a favor del grupo socialista-regionalistas y el voto en contra del popular el proyecto de ley de creación de entidades públicas de la Junta, después de la aprobación de cinco de las 20 enmiendas parciales formuladas por el PP a la iniciativa.
Para Pilar Vargas, portavoz del grupo popular, esta ley "nace ya viciada" y "solo servirá para aumentar la élite de altos cargos". Criticó que la iniciativa no cuente con una memoria económica, y temió que pueda provocar "el colapso" de la gestión del Ejecutivo autonómico.
El diputado del grupo socialista-regionalistas, Estanislao Martín, rechazó la modificación del régimen jurídico de los entes que la ley contempla y resaltó que se trata de una ley "austera" que "no es una fábrica de cargos para crear nuevos altos cargos".
Con esta nueva ley, la Junta pretende dotar a la Administración de ciertos elementos organizativos y administrativos "necesarios" para acometer aquellas tareas que por su calidad precisan de una reestructuración de las consejerías. "Se trata por tanto de una optimización de los recursos para lograr que la administración sea más ágil y flexible", según el diputado.
El proyecto de ley establece la creación de nuevos departamentos autonómicos como el Servicio Extremeño de la Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia; el Instituto de Consumo de Extremadura; la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa; el Ente Público Extremeño de Servicios Educativos Complementarios; y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional al Desarrollo. Todos ellos, con sede en Mérida, tendrán el fin de dar una respuesta inmediata a la atención de las personas dependientes, la defensa de los consumidores, la evaluación del sistema educativo y la prestación de servicios educativos complementarios.
Por otro lado, durante la sesión plenaria de ayer la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto, aceptó la propuesta del grupo parlamentario popular de creación de una mesa de consulta entre la Junta y los grupos parlamentarios, junto con técnicos y representantes de los ayuntamientos, para hacer un "seguimiento exhausto" de las personas que están en la lista de espera del servicio de ayuda a domicilio.
La iniciativa fue planteada por la diputada del grupo PP-EU Cristina Herrera cuando criticó la lista de 4.000 personas en espera para solicitar los servicios de ayuda a domicilio. Al respecto, la consejera señaló que "cuanto mejor funcionemos, cuanto mejor hagamos las cosas y cuanto más resolutivos seamos, más demanda ha de existir".
Asimismo, durante el pleno se aprobó por unanimidad una proposición no de ley -PNL- por la que se insta a la Junta a modificar el decreto sobre las normas marco de los policías locales de Extremadura para reducir la estatura mínima exigida a las mujeres para el acceso al Cuerpo de la Policía Local.
