El Juzgado de Instrucción número 1 de Mérida ha archivado la denuncia penal que Ambulancias Tenorio interpuso contra tres trabajadores a los que acusaba de boicotear al resto de empleados para impedir el correcto funcionamiento del servicio. Los denunciados pertenecían a la anterior concesión, el Consorcio Extremeño que hasta el 1 de noviembre venía actuando en la región.
El procedimiento ha sido archivado mediante un auto de sobreseimiento provisional con fecha de 20 de julio pasado por cuanto el juzgado entiende que no aparece debidamente justificada la perpetración del delito denunciado, según informó a este diario el abogado de los acusados, Eugenio Cuadrado. Aunque el auto puede ser recurrido, el letrado descartó prácticamente esta posibilidad en tanto que Ambulancias Tenorio presentó un escrito anunciando que se retiraba de la denuncia y el juez y el fiscal han informado a favor del archivo.
Cuadrado explicó que en principio hubo una denuncia contra siete trabajadores, pero que finalmente se redujo a tres (sus defendidos, que además eran representantes sindicales). Esos trabajadores, añadió el abogado, fueron despedidos por Tenorio y aparte del procedimiento penal ahora archivado, se inició un proceso civil por dichos despidos. Dos de ellos ya se han resuelto declarando los mismos improcedentes, aunque los afectados han optado por la indemnización. El juicio civil por el despido del tercer trabajador será en septiembre.
En cuanto a los hechos defendidos expresamente por Eugenio Cuadrado, la empresa consideraba que «estos trabajadores no prestaban un servicio correcto, los acusaba de instigar a los demás empleados para que desarrollaran mal sus funciones y no cogieran las llamadas».
Los hechos se referían especialmente al presunto boicot que los trabajadores de la anterior concesionaria habrían ejercido durante los primeros días tras producirse el traspaso de concesión, lo que habría provocado una serie de incidencias que afectaron a la calidad del servicio.
El abogado explica que se acusaba a sus defendidos de haber «sido los responsables de que el 8 de noviembre los trabajadores de la empresa se levantaran y se fueran al médico alegando ansiedad y estrés por problemas de adaptación. Se les acusaba de instigar a los demás trabajadores para que se levantaran». Sin embargo, el juzgado solicitó a la empresa que los empleados que habrían sido coaccionados acudieran como testigos y «Tenorio no fue capaz de llevar a ninguno».
La polémica fue de tal magnitud que saltó incluso a la escena política. El pasado 16 de junio la Asamblea de Extremadura cerró la comisión de investigación del servicio de ambulancias sin acreditar que hubiera boicot.
