Ecologistas de Extremadura ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil los trabajos de extracción de áridos que se están realizando durante los últimos días en una zona protegida de Campanario pese a que existe la prohibición administrativa de desarrollar esa actividad entre los meses de marzo y julio. El motivo de la denuncia es el posible daño que estos trabajos pueden estar ocasionando a las colonias de abejaruco y avión zapador --dos especies de aves protegidas-- existentes en la zona.

Miembros de esta organización ecologistas comprobaron el pasado viernes que la empresa Aridos Pajuelo estaba extrayendo y transportando áridos en el paraje El Badén, situado en la ribera del río Zújar. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que autorizó en el 2008 estos trabajos decretaba la paralización temporal de las actuaciones en la zona entre los días 15 de marzo y 31 de julio de cada año, con el objetivo de no poner en peligro la conservación de estas colonias de aves durante su época de nidificación y cría. Los ecologistas además denuncian el incumplimiento de otras condiciones ambientales recogidas en la DIA, como la obligación de cubrir los áridos transportados con mallas para evitar vertidos y el polvo. Por ello solicitan a la administración que paralice la actividad y aplique las sanciones pertinentes.

Desde la empresa aseguran que cuentan con una autorización "verbal" para poder realizar estos trabajos, tras solicitar a la Junta una modificación parcial de la DIA. "Estamos a la espera de recibir el permiso en papel, pero está autorizado. Es una zona en la que no hay nidos ocupados o donde estos pájaros estén criando sus polluelos", explican desde Aridos Pajuelo. Los ecologistas ponen en duda esta última apreciación: "tenemos fotografías en las que, a pocos metros de las máquinas, se ven entrar y salir abejarucos de los agujeros que utilizan, en los taludes, como nidos".

Desde la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente reconocen que tuvieron conocimiento de la presunta vulneración de la DIA a través de una denuncia de uno de sus agentes del Medio Natural. E incluso pusieron los hechos en manos de los servicios jurídicos para decretar la paralización de los trabajos. Sin embargo, precisa que la empresa ya había solicitado --como en años anteriores-- la modificación puntual de las fechas de la paralización biológica, proponiendo poder retomar la actividad a partir del 16 de junio --en lugar del 31 de julio estipulado por la DIA--. Según este departamento de la Junta, la solicitud ha sido aceptada "por no afectar a la colonia de abejarucos".

HASTA 250.000 EUROS El asunto queda ahora pendiente de una resolución final de la Junta y en manos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, que deberá determinar si hay indicios de un posible incumplimiento de la normativa ambiental. En este caso la empresa se expondría a una multa de entre 25.000 y 250.000 euros, ya que el incumplimiento de la DIA está tipificado como una infracción grave.