La organización agraria Asaja Extremadura ha calificado la ley de elecciones al campo como "una chapuza partidista", "más propia de Venezuela" que de un estado democrático, ya que de los "casi 64.000 perceptores" de la PAC en la comunidad, "sólo podrán votar escasamente unos 10.000, un 15 por ciento".

Asaja ha trasladado su "rechazo frontal absoluto" a la modificación de la ley agraria aprobada hoy en la Asamblea, pues provocará unas elecciones agrarias "antidemocráticas, manipuladas de antemano" y en la que sólo podrán votar "aquellos que lleven el carné del PSOE en la boca y poco más".

El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha indicado que la reforma de la norma "responde únicamente a intereses partidistas de la Junta" para buscar un censo "manipulado".

En su opinión, este proceso desemboca en unos comicios "impropios" de una región democrática como Extremadura y "sí más cerca de regímenes como el de Venezuela que sintonizan más con el grupo parlamentario con el que se ha aliado el PSOE para sacar adelante esa tropelía, como es Podemos".

"Serán unas elecciones más parecidas al chavismo que a unas que se celebren en un Estado de derecho en un sistema democrático", ha aseverado el presidente de Asaja Extremadura.

Para García Blanco, este "pucherazo" con "un censo completamente sesgado y dirigido" sólo se puede entender por "intereses políticos del PSOE en un intento de congraciarse con Podemos para el resto de la legislatura", aunque -ha lamentado- eso signifique "pisotear los intereses del campo extremeño y las garantías democráticas que están amparadas para todos los españoles en la ley electoral".

Ha insistido en que con esta reforma se evita que voten muchos profesionales del campo, "que son los que tienen que decidir el futuro del sector agrario extremeño".

"No podemos entender cómo los generadores de empleo y las empresas agrarias han quedado, después de aprobar este cambio en la Asamblea, totalmente excluidos del proceso de las elecciones agrarias", ha recalcado.

Sólo ha destacado como aspecto positivo que puedan obtener representación agraria aquellas organizaciones que superen el 15% de los votos y que las elecciones se celebren cada cinco años.