La organización agraria Asaja Extremadura prevé intensificar la reivindicación de las dos últimas semanas con una jornada de cortes simultáneos en carreteras de la región, que «colapsen» la circulación para reclamar unos precios dignos en el campo. No hay fecha (aunque se baraja la última semana de febrero) y por el momento tampoco tienen los permisos de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo las concentraciones, pero el objetivo es paralizar durante unas horas día la circulación de vehículos en las principales vías de la región y las principales comunicaciones con otras regiones y con Portugal. A los cortes que ya anunció la organización en la provincia de Badajoz (Apag Extremadura Asaja) en la A5 o la A66, además de las Nacionales 430 y 432 y los enlaces con Huelva y Córdoba, se unen los que ayer dio a conocer la organización en la provincia de Cáceres, que elevan a 19 los tramos de carretera que se podrían ver afectados.

Los concentraciones en la provincia de Cáceres están previstos en la A5 en Navalmoral de la Mata, el túnel de Miravete, Trujillo y Miajadas; en la A66, en Hervás, Plasencia y Cáceres; en la N-521, a la altura de Valencia de Álcántara y la frontera con Portugal; en la N-523 a la salida de Cáceres y en la autovía Ex-A1, en Coria. Los cortes no están autorizados aún por la Delegación del Gobierno, porque no se solicitará el permiso hasta que las dos directivas de la organización en Cáceres y Badajoz consensuen la fecha en la que pretenden llevar a cabo los paros, aunque serán previsiblemente a finales del mes de febrero.

Asaja presentó ayer en Cáceres una campaña de solidaridad con el campo en la que invitan a sumarse a la ciudadanía con un lazo de color verde. La iniciativa se puso en marcha en Andalucía y ahora se ha unido esta organización «porque si el campo se muere Extremadura se muere», según las palabras de Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. La organización agraria llevará a cabo una campaña de sensibilización en Cáceres, Plasencia y Trujillo.

«No son los súper» / García Blanco rechazó además que el problema del campo esté en las grandes superficies «porque apenas captan el 7% del volumen que producen los agricultores» y sitúa el foco del problema en el desajuste existente entre los costes de producción y el precio que se paga por el producto, e insiste en que es en los costes donde se tienen que producir los ajustes, junto con una ley de precio mínimo «que garantice, como ya sucede en Francia, que el producto no se encarece más de un 30% entre el campo y el lineal». El dirigente agrario insiste en que no es sostenible lo que sucede en la actualidad: «por un kilo de tomate, recibe el agricultor 7,2 céntimos y en el supermercado cuesta, como mínimo, 1,60 euros; por el kilo de melocotón recibe 18 céntimos y en el supermercado se eleva a 1,5 euros...».