La Presidencia del Parlamento regional impulsará al inicio del próximo periodo de sesiones, en la segunda semana de septiembre, una reforma "puntual y urgente" del Reglamento de la Asamblea para ajustarse al fallo del Tribunal Constitucional en el que se anulaban los preceptos reglamentarios que permitían al pleno de la Cámara eludir el veto de la Junta a la modificación de los presupuestos mediante la presentación de proposiciones de ley o enmiendas.

De este modo, los artículos que se aprobaron en 1997 y que ahora son dejados sin efecto por el Constitucional daban la última palabra a los diputados regionales cuando surgiesen discrepancias con la Junta. Hasta entonces, si el pleno de la Asamblea aprobaba una proposición que alterase las cuentas del presupuesto, el Ejecutivo regional, que es quien propone dicho presupuesto, podía vetarla.

El cambio, propiciado por PP e IU en la única legislatura en la que los socialistas no contaban con mayoría absoluta en el Parlamento extremeño, invalidaba este veto, ya que si una mayoría de diputados consideraba que el rechazo de la Junta era infundado, podían dejarlo sin efecto y seguir adelante con la modificación presupuestaria.

Una vez que el Constitucional ha decretado que dicho precepto introducido en el Reglamento vulneraba competencias del Gobierno regional, la Asamblea abordará la correspondiente reforma para devolver la situación al estado en que estaba antes de 1997, lo que significa que el veto de la Junta no estará condicionado por los diputados.