Diez meses después, la Ley de Medidas Extraordinarias contra la Exclusión Social por fin ve la luz. El texto fue aprobado ayer en el pleno de la Asamblea con el respaldo de Podemos y la abstención de Ciudadanos y el PP, que tras criticar la falta de diálogo en la tramitación de la norma recordó sus visos de inconstitucionalidad en lo que se refiere a la cobertura sanitaria universal y la regulación de las ayudas destinadas a garantizar un mínimo vital de agua y luz a las familias necesitadas. En la sesión de ayer se debatieron las enmiendas presentadas por los grupos, 83 en total, de las que se incorporaron al texto la mitad, en su mayoría propuestas de Podemos transaccionadas por los socialistas. Entre ellas se incluyen el blindaje de los fondos destinados a las ayudas de contingencia, mínimos vitales y renta básica, que en ningún caso podrán reducirse vía modificaciones de crédito. Además, para la renta básica el periodo de tramitación se reduce de seis a tres meses.
La Ley de Medidas contra la Exclusión Social constituye la base de la política social de la Junta y aunque en septiembre del año pasado fue presentada como un decreto, a petición de los grupos de la oposición se ha tramitado finalmente como proyecto de ley para poder incorporar enmiendas. "Colocar la política como herramienta para mejorar la vida de las personas. Esa es la prioridad de este gobierno, la lucha a favor del más débil y quien más lo necesita", indicó al respecto la diputada socialista Estrella Gordillo. El texto introduce cambios en la renta básica para agilizar los pagos y también la garantía de 100 litros de agua potable y seis kilovatios/hora al día de consumo eléctrico para las familias necesitadas. La ley habilita además la fórmula para garantizar la atención sanitaria "en igualdad de condiciones" a los inmigrantes sin papeles, que contarán en la región con tarjeta identificativa de acceso a la sanidad pública. Y por último, revisa el sistema de adjudicación de viviendas públicas en pro de la "justicia social".
Entre los cambios introducidos ayer a instancias de los grupos destaca el blindaje de los fondos destinados a renta básica, mínimos vitales y ayudas de contingencia (para hacer frente a emergencias y necesidades puntuales sobrevenidas), que se incrementarán de forma paulatina en los próximos dos años hasta alcanzar el 0,5%, el 0,07% y el 0,03% del PIB respectivamente. Así, para renta básica la inversión en 2018 será de 86 millones de euros, frente a los 48 actuales; a los mínimos vitales, que también incluirán el gas, se destinarán 12 millones (este año hay 4,7) con carácter ampliable, y las ayudas de contingencia contarán con tres millones. Para estas últimas se eliminan las convocatorias, de forma que podrán solicitarse todo el año. La reducción de los plazos de resolución de la renta básica de seis a tres meses --la oposición inicialmente pedía que fueran dos-- y que la prestación se abone en los cinco primeros días de cada mes son otras novedades.
"PATADA EN LA PUERTA" Entre las cuestiones más polémicas que no han salido adelante se encuentra una emienda que había presentado el PP para derogar el artículo 15 de la ley, que viene a despenalizar la ocupación ilegal de viviendas públicas al permitir a quienes "dan la patada en la puerta" participar en futuros procesos de adjudicación si previamente han acreditado necesidad urgente de vivienda. Los populares, que se abstuvieron en la votación final, además de criticar este aspecto de la ley reprocharon a la Junta su falta de diálogo, que quedó demostrada, según el diputado José Angel Sánchez Juliá, con la presentación de las más de 80 enmiendas para una norma de 18 artículos. Sánchez Juliá recordó además los visos de inconstitucionalidad del texto, de los que ya ha advertido el Consejo de Estado al considerar que invade competencias del Gobierno central en cuanto a la universalización de la sanidad y la regulación de las ayudas para mínimos vitales. El PSOE sin embargo, puntualizó que solo se trata de "recomendaciones".
Desde Podemos, el diputado Daniel Hierro insistió en la necesidad de acortar los plazos para la renta básica y confió en que, una vez blindados los fondos, los preceptos contenidos en la ley se cumplan. Finalmente, la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, coincidió con Podemos en que era necesario acortar los plazos para la resolución de las ayudas y dotarlas "bien" por la vía presupuestaria.
