Dejemos de darnos cabezazos unos contra otros y luchemos por el campo». Fue el alegato final de la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el pleno de ayer, donde los grupos mostraron su apoyo unánime al sector agrario pero con diferentes matices y propuestas. En el orden del día se incluían hasta tres iniciativas relacionadas con la crisis agroganadera, pero el PSOE, PP, Ciudadanos y Podemos solo fueron capaces de ponerse de acuerdo para aprobar por unanimidad una declaración institucional en la que reclaman unas «condiciones justas» para el desarrollo de esta actividad.

El documento se leyó al inicio de la sesión y además de apoyar las justas reivindicaciones de los profesionales del campo «en estos momentos tan duros y complicados», los grupos advierten que la baja rentabilidad de las explotaciones supone «un gran riesgo» para la pervivencia del mundo rural y por ende, «de la identidad de nuestras raíces y costumbres».

En el pleno de ayer también salió adelante, aunque solo con los votos de Unidas Podemos y el PSOE, una propuesta de la formación morada (enmendada por los socialistas) para exigir al Gobierno central la modificación de la ley de la cadena alimentaria. De Miguel reconoció que la enmienda del PSOE suponía rebajar sus pretensiones iniciales, pero finalmente se aceptó en aras del acuerdo. Así, se demandará una modificación de la ley de la cadena alimentaria para prohibir la venta a pérdidas, que se elabore un «catálogo claro» de prácticas desleales o flexibilizar los requisitos higiénicos para cierto tipo de establecimientos y productores.

Asimismo, la propuesta también incluía entre sus puntos «que la PAC vaya dirigida a las personas que trabajan en el campo en las explotaciones familiares y aquellos cultivos que tienen menor rendimiento y mayores dificultades en el mercado», y fue el detonante para el voto negativo del PP.

AYUDAS DE LA PAC / Según explicó su diputada Mercedes Morán, esta medida evidencia la intención del Gobierno de modificar el catálogo de receptores de las ayudas y en cualquier caso, atribuyó esta batería de propuestas a que tanto el PSOE como Unidas Podemos «en el fondo saben» que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a adoptar las medidas que el campo extremeño necesita. Aventuró además que Extremadura será «una de las grandes perdedoras» en el próximo reparto de los fondos de la PAC.

Tampoco Ciudadanos apoyó la propuesta de Podemos y el PSOE, pues según explicó su diputado Fernando Baselga, está basada en un modelo que «apuesta por el huertito del que le vende al vecino tomatitos y lechuguitas», un modelo que a su juicio no es competitivo ni rentable. La formación naranja se quedó sola en su propuesta de crear esa gran plataforma en defensa del sector agrario que había venido reclamando en las últimas semanas: el PSOE y la formación morada votaron en contra y el PP se abstuvo, todos con el argumento de que esta plataforma no es necesaria.

En el pleno de ayer tampoco faltó el rifirrafe político entre el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y el líder de la oposición, José Antonio Monago. Este preguntó al jefe del Ejecutivo si cree que las protestas agrarias están organizadas «por la derecha terrateniente y carca», como dijo el líder nacional de UGT, y afeó que desde el Gobierno se haya intentado «callar a palos» a los agricultores. «Como el plan A, a palos, no les ha funcionado, activaron el plan B, que era descalificarlos», dijo Monago.

Fernández Vara replicó que tampoco comparte esta afirmación, pero abogó por dejar el enfrentamiento e ir todos de la mano para afrontar los retos que vienen por delante. Entre ellos la negociación de la PAC, sobre la que aseguró que el Gobierno de España nunca permitirá recortes.