La Asamblea extremeña instó ayer a la Junta a acelerar la aplicación de la ley LGBTI. Los cuatro grupos se pusieron de acuerdo en una sesión plenaria del Parlamento caracterizada por el consenso a la hora de pedir al Gobierno extremeño que adopte una serie de medidas para el desarrollo reglamentario de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales.

La propuesta del PP salió adelante con una enmienda de adición de Podemos y en ella se incide en la necesidad de elaborar el Plan integral sobre educación y diversidad LGBTI, contemplado en la ley, y de iniciar los pasos para la creación del Centro de Memoria Democrática y Documentación LGBTI en la comunidad extremeña.

Del mismo modo, aparte de la ley LGBTI, los cuatro grupos aprobaron por unanimidad dos propuestas de impulso: de protección de menores en el uso de redes sociales promoviendo protocolos con éstas y mejorando la seguridad de los datos personales, ello con el fin de evitar casos de ciberacoso y contra la tarificación especial en teléfonos de información administrativa.

El pleno comenzó con la lectura del informe sobre la liquidación del presupuesto de la Cámara regional correspondiente al ejercicio de 2015, cuya cuantía ascendió a 14,5 millones. Acto seguido, se debatieron diversas propuestas de impulso que han contado con el voto favorable de todos los grupos con representación parlamentaria (PSOE, PP, Podemos y Ciudadanos).

Por otra parte, ante una propuesta de Ciudadanos, el PSOE anunció que la Junta implantará el servicio gratuito 012 en todos los teléfonos de información administrativa, que estará operativo "muy pronto" y que, por tanto, no supondrá ningún coste para el ciudadano.

Con el acuerdo de los grupos de la oposición (PP, Podemos y C's) y la abstención del PSOE, el pleno ha dado luz verde a una iniciativa de la formación morada dirigida a que la Junta suscriba un convenio con el Consejo General del Poder Judicial y la Fempex para articular fórmulas de coordinación de desahucios. Por su parte, el PSOE ha señalado que aunque está de acuerdo con "el fondo" de la propuesta, no comparte el "marco jurídico"; y anunció en este sentido la firma de un protocolo de actuación con el Tribunal Superior de Justicia (TSJEx) y el Colegio de Registradores de la Propiedad.

En cuanto al convenio que reclama la iniciativa de Podemos, se refiere a aquellos casos de desahucios derivados de procedimientos de ejecución hipotecaria o de lanzamientos por falta de pago de rentas de alquiler, cuando los afectados sean personas en situación de especial riesgo de exclusión social.

LISTAS DE ESPERA Además, el pleno aprobó instar a la Administración autonómica a establecer un plan de lucha para la reducción de las listas de espera en el ámbito de la atención a la dependencia. Se trata de una moción subsiguiente a interpelación del PP, que apoyó Podemos y el PSOE votó en contra.

Por otro lado, el pleno rechazó una propuesta de pronunciamiento de Ciudadanos instando al Gobierno central a paralizar o derogar el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, que regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por parte del personal de enfermería. C's y Podemos votaron a favor pero PSOE y PP han votado en contra.