El Pleno de la Asamblea de Extremadura aprueba con los votos del PSOE y del PP una proposición no de ley con la que el Grupo Socialista insta al Gobierno central a establecer medidas de apoyo financiero para los ciudadanos que se han visto afectados por la "presunta estafa" de las Sociedades Forum Filatélico y Afinsa. IU se abstuvo en la votación. Tras manifestar la "gran preocupación" de su formación por la situación de las personas afectadas por este "presunto fraude", la diputada socialista Gloria Ojalvo defiende la necesidad de que sigan articulándose medidas de apoyo a los afectados, fundamentalmente los que tienen rentas más bajas, debido a que el proceso judicial abierto para determinar responsabilidades "se prevé que sea largo". A su vez, el diputado del PP Anselmo Díaz Cabello critica, según la agencia Europa Press, la "lentitud y desidia" del Ejecutivo central para dar soluciones a los afectados hasta la fecha y se lamenta que durante el último año el Grupo Socialista de la Asamblea "no se haya preocupado por el tema". Por ello, el PP apoya la propuesta del Grupo Socialista porque "el Gobierno central no ha hecho nada efectivo para los afectados". Sin embargo, ambos grupos parlamentarios rechazan otra proposición no de ley sobre la misma cuestión, con la que el Grupo Mixto-Izquierda Unida pretende que se marcase un plazo de seis meses para que el Gobierno central articulase medidas de apoyo a los afectados. Esta propuesta fue introducida por IU como enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista. En la iniciativa de su partido, la portavoz de IU, Teresa Rejas, destaca que en caso de que en dicho plazo no se articulasen medidas, el Gobierno autonómico pusiese en marcha créditos blandos o anticipos dirigidos a los afectados, y que posteriormente se devolvieran a la Junta de Extremadura con la cantidad que los tribunales estipulen que se deba devolver a las personas afectadas. La propuesta de IU fue rechazada por el PSOE por considerar que la Junta no debe ser promotora de ayudas a los afectados, sino que "debe ser el Gobierno central quien en coordinación con las comunidades autónomas y las asociaciones de consumidores la que dirija las acciones y asuma la responsabilidad", indicó la diputada socialista Gloria Ojalvo.
