La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, manifestó ayer en relación al comunicado de los sindicatos de prisiones sobre la necesidad de personal y la petición de la dimisión de la subdirectora de Régimen Penitenciario, que "respeto la opinión de los funcionarios y entiendo que hagan reivindicaciones de mejoras en cualquier centro, y más en uno penitenciario, pero, aunque lamento muchísimo lo ocurrido, no deja de ser un hecho aislado".
Pereira señaló que "inspectores de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias están analizando la situación del centro, aparte de la investigación judicial". Además, añadió que "Extremadura es una de las regiones con menor índice de población de delincuentes y hasta ahora se han desarrollado los trabajos normalmente. Visité el centro la semana pasada y así lo percibí, pero un hecho aislado se puede producir en un lugar donde habitan personas con más o menos problemas, lo que no se puede confundir con que no existan condiciones suficientes".
Aún así, se refirió al esfuerzo del Gobierno para hacer 18 nuevos centros cerrados y 35 en semilibertad, uno en Cáceres, lo que permitirá, dijo, "mejorar los centros extremeños".
