Asumir la sanidad penitenciaria supondría 3,2 millones al SES

Desde este colectivo llevan años reclamando pasar a depender de los servicios sanitarios de cada comunidad autónoma e incluso en el 2016 se aprobó una proposición no de ley en el Congreso para iniciar «a la mayor brevedad posible» la transferencia de competencias que dictaba la Ley General de Sanidad de 1986. Sin embargo no se ha dado ningún paso desde entonces (Salvo Cataluña y País Vasco que ya asumieron estas competencias) y en la actualidad, los 39 sanitarios de los dos centros de reclusos extremeños (en Cáceres y Badajoz) continúan dependiendo del Ministerio del Interior, al igual que sucede en otras 14 regiones.

«No es una cuestión económica. No puede ser una cuestión económica porque el impacto en el presupuesto es mínimo. Y de hecho en los contactos con la Consejería de Sanidad de Extremadura, dicen, como el resto de regiones, que están dispuestos a asumirla con una dotación presupuestaria adecuada», sostiene Carmen Hoyos, vocal de otras Administraciones Públicas del Colegio de Médicos de Cáceres y coordinadora de Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria en la Organización Médica Colegial.

análisis/ El Sindicato Profesional de Sanidad Penitenciaria ha elaborado un informe que detalla los costes que supondrían en cada región. En el caso de la sanidad extremeña, ascendería a 3,2 millones anuales, de los que la principal partida sería la de personal 1,2 millones al año por los 37 sanitarios de los dos centros penitenciarios, entre médicos (14), enfermeros (14), auxiliares de enfermería (9) y farmacéuticos (2); 702.457 euros para farmacia; 771.750 euros para los tratamientos de hepatitis C en los dos centros penitenciarios (se contabiliza aparte) y 540.000 euros por la atención especializada que ya se presta en los distintos complejos hospitalarios de la región.

Hoyos explica que, más allá del coste económico, transferir las competencias repercutiría de forma positiva en la atención a la población reclusa, entre otras cuestiones, porque ahora los médicos que les atienden en la prisión no tienen acceso a las pruebas que se les realizan en los hospitales y tampoco a los historiales, mientras que al integrarse en el SES, compartirían el sistema Jara. A esa situación añade otra cuestión que les preocupa especialmente: en un plazo de cuatro o cinco años, se jubilarán el 80% de los 15 médicos que hay en las cárceles de Badajoz (9) y Cáceres (5). «Con la remuneración que tenemos en la actualidad, nadie querrá cubrir estas plazas», afirma. La razón es que, aunque los médicos de la sanidad penitenciaria se equiparan con los de Atención Primaria, al depender del Ministerio del Interior, la remuneración es distinta y además menor. «La diferencia es tan importante que no va a querer venir nadie», reitera Hoyos, que atribuye a la «falta de voluntad» el hecho de que no haya aún una solución.

Los sanitarios penitenciarios quieren que se aborde su situación en el consejo interterritorial que el Ministerio de Sanidad se comprometió a convocar para el mes de mayo en le fin de abordar de forma monográfica la financiación de los sistemas sanitarios autonómicos. A la reivindicación colectivo se han sumado distintas organizaciones profesionales y científicas, que han remitido peticiones tanto al Ministerio de Sanidad como las consejerías para que este asunto se aborde en esa reunión y se dé una solución negociada a la sanidad penitenciaria.

sin fecha/ Desde la Consejería de Sanidad insisten en que asumirán estas competencias «siempre que tengan la dotación adecuada» por parte del Gobierno central. Es la postura que la Junta ha mantenido desde que en 2016 se aprobara la proposición no de ley. En todo caso, según indican, aún no se ha convocado ese consejo interterritorial ni se conoce si estará en el orden del día esta cuestión. El Ministerio de Sanidad no confirma fecha para una próxima reunión, ni si contemplará este asunto.