Nulo de pleno derecho o excepcional. Son las visiones encontradas sobre el proceso de selección del municipio donde se ubicará el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares que defienden Greenpeace y el Ministerio de Industria, respectivamente. La organización ecologista advierte que la inexistencia de los informes técnicos y de seguridad del proyecto, que le ha confirmado la Audiencia Nacional (ante la que presentó un recurso contencioso-administrativo por este tema), vulnera los convenios internacional sobre acceso a la información en este tipo de procesos. Por su parte, el Ministerio de Industria responde que este proceso previo para elegir la sede del ATC es "excepcional" y, por tanto, queda fuera de lo previsto en la normativa.
Para Greenpeace, la confirmación de que los informes técnicos y de seguridad del ATC demuestra que el Ministerio de Industria inició el proceso para construir el "cementerio nuclear" y su centro de experimentación asociado "sabiendo que no disponía de la documentación básica para iniciar el procedimiento". Sin embargo, desde el citado departamento responden que el proceso de selección basado en la búsqueda de candidatos voluntarios "se sale de lo normal", por lo que no está sometido a esos requisitos.
Según fuentes del propio Ministerio, al inicio del proceso se hizo un informe genérico sobre el ATC y el centro de investigación asociado --que confirmó a E. Press la empresa encargada de elaborarlo-- . Después --continúan--, al preseleccionar los candidatos (ocho, entre ellos, la localidad cacereña de Albalá) se han tenido en cuenta diversos criterios (seguridad, geografía...) y, una vez que uno de ellos sea elegido, se realizarán los informes técnicos y de seguridad concretos.
En cambio, Greenpeace considera que la inexistencia de los informes (proyectos técnicos, estudios de seguridad e informes sobre la protección física del complejo), que considera "fundamentales para poder conocer y entender el proyecto", demuestra que el proceso para elegir la localización del centro es "ilegal", pues vulnera el Convenio de Aarhus, que regula el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.
