La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, y el consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, se reunieron ayer para estudiar el borrador de un convenio, elaborado por el Ministerio del Interior, para mejorar la atención sanitaria de los reclusos que cumplen condena en cárceles de la región.
El futuro convenio supondrá también la racionalización de los recursos policiales destinados a la vigilancia. Actualmente, las competencias sanitarias en los centros penitenciarios dependen exclusivamente del Ministerio del Interior, que las ejerce a través de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.
Esta atención sanitaria se reduce casi únicamente a la Atención Primaria, por lo que cualquier recluso que tiene que acudir al médico especialista debe ser trasladado --siempre escoltado por agentes policiales-- a los hospitales más cercanos, donde son tratados de sus dolencias.
Esto provoca, según la Delegación, una serie de molestias para el recluso y "genera la duplicación de recursos policiales dedicados a la vigilancia de los centros penitenciarios". Con en convenio, los sanitarios realizarán su trabajo en los centros.
