Hace poco más de una semana numerosos profesores salieron a la calle para, entre otras cosas, exigir protección y respeto por la labor diaria que desempeñan. Ahora, el engranaje judicial les ofrece una respuesta al considerar que merecen una atención preferente. Pero las medidas que llevará a cabo la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura no constituyen una novedad. En otras comunidades autónomas ya se trabaja en este sentido, como el caso de Cataluña, en el que el fiscal jefe, José María Mena, ha dado órdenes a sus fiscales de que acusen de atentado --castigado con penas de entre dos y cuatro años de cárcel-- a quienes agredan a profesionales de la educación y la sanidad en el ejercicio de su función.
De esta forma, en Cataluña una agresión a un maestro o a un sanitario que hasta ahora podía ser castigada con una pena leve al ser calificada como lesión, podrá, a partir de ahora, terminar en penas de prisión al ser considerada como atentado a un funcionario público.
La jurisprudencia
Lo cierto es que existe una importante jurisprudencia de casos que han terminado con condenas por delito de atentado. Hay, por tanto, una base suficiente para otorgar un sólido amparo jurídico-penal, según los juristas.
Una sentencia emitida en el año 1991 por el Tribunal Supremo no dudaba en considerar funcionario público a un catedrático de universidad agredido por un estudiante suspendido. Hay más ejemplos. Cuatro años más tarde era la Audiencia Provincial de Murcia la que consideraba atentado la agresión cometida por un alumno a un director de un colegio público. Otra sentencia del Tribunal Supremo en 1993 consideraba funcionarios públicos a los médicos y enfermeros.
Existen diferencias entre el concepto de funcionario público a nivel penal y a nivel administrativo. Mientras que a nivel administrativo un profesor o un sanitario no tienen la condición de funcionario, sí se pueden considerar como tal porque en el momento en el que sufren la agresión ejercen una función pública al servicio del ciudadano. De esta forma, cuando un profesor o un médico trabajan están garantizando el disfrute de derechos otorgados a los ciudadanos por mandato constitucional.
Los extremeños también coinciden en la idea de considerar atentado la agresión a un profesor o un médico, como así lo demuestran el 83% de los internautas que han participado en la encuesta planteada por este diario.
