Por qué la Junta de Gobierno Local de Olivenza modificó las condiciones de cesión de suelo a Lusográfica --que dio por 1 peseta--, y derogó la cláusula de reversión de la parcela sin que la empresa hubiese cumplido las condiciones exigidas y solo por que ésta lo pidió. O averiguar si la creación de 100 empleos era un requisito obligado o solo un objetivo, en cuyo caso no se justificaría dicha cesión, según el tribunal. Son algunas de las cuestiones en que se basa la Audiencia Provincial de Badajoz para ordenar al Juzgado de Instrucción de Olivenza la reapertura del caso que archivó el pasado 9 de febrero. En él se acusaba, por denuncia del PP, al exalcalde de dicha localidad, Ramón Rocha, y a varios concejales de su grupo de un supuesto delito de prevaricación.
La Audiencia estima así parcialmente el recurso del PP contra el archivo de la causa, en un auto de fecha del 2 de junio, en el que obliga al Juzgado de Olivenza a reabrir el caso y a investigar más para conocer "el exacto alcance de las obligaciones del licitador" y si estaba "jurídicamente obligado" a crear 100 puestos de trabajo, así como al cumplimiento de otros requisitos.
También deberá conocer el juzgado si las condiciones del pliego de subasta se hallaban enteramente cumplidas el 14 de febrero del 2006, cuando el ayuntamiento modificó las condiciones de cesión de los 65.000 metros cuadrados para la instalación de una industria gráfica. Para ello, deberá requerir informes al ayuntamiento y al adjudicatario, y si ello fuera insuficiente, reclamar una prueba pericial.
El caso Lusográfica nació a partir de una denuncia del PP, por que el ayuntamiento oliventino no reclamó a la empresa, cuando anunció su entrada en concurso de acreedores, el suelo que le había cedido bajo la premisa de crear una industria con una inversión de 500 millones de pesetas y la creación de cien empleos. Esta última condición no se cumplía cuando la junta de gobierno local anuló la cláusula de reversión de la parcela. La empresa nunca superó los 75 empleados. El Juzgado de Olivenza tomó entonces declaración a Ramón Rocha y a varios concejales y decidió sobreseer la causa.
Los fundamentos jurídicos del auto de la Audiencia recogen manifestaciones de los encausados, como la de Ramón Rocha, que admitió haber adjudicado 65.000 metros cuando la industria no requería más de 20.000, "por ser una finca indivisible"; o que se anuló la revisión del terreno "porque lo pidió la empresa", y cuestiona que eso "lo asuma la primera autoridad municipal", hechos que el tribunal considera "ininteligibles" en términos jurídicos.
La Audiencia confirma el sobreseimiento de la acusación contra Angeles Píriz por no constar que asistiera a la junta junta de gobierno del 14 de febrero del 2006. Considera que la investigación del juzgado instructor no está agotada y que debe averiguar si los miembros de la junta de gobierno sabían si se habían cumplido las exigencias del pliego de condiciones.
En la actualidad, la empresa tiene a seis empleados trabajando en una actividad distinta a la suya, que era la industria gráfica.
