La Junta de Extremadura realizará una auditoría energética de los centros educativos públicos para elaborar, a continuación, un plan de mejora de la eficiencia energética que determinará sus inversiones en estas infraestructuras.

Este es uno de los deberes que establece la propuesta de ley para mejorar las condiciones térmicas de las aulas, del Grupo Podemos, que el pleno de la Asamblea de Extremadura aprobará hoy tras haber llegado a la sesión consensuada con los socialistas.

La norma será de aplicación en los centros educativos de titularidad pública e incluye, dentro del ámbito de actuación, los exteriores -como los patios- y el entorno de los centros educativos, considerando por ejemplo el uso de vegetación y arbolado de especies hipoalergénicas.

En concreto, el texto establece que la Consejería de Educación, en colaboración con la Agencia Extremeña de la Energía, publicará este año una guía técnica para la mejora de la eficiencia energética, la adecuación y la rehabilitación ambiental bioclimática y el uso de energías renovables en los centros.

Una vez publicada esta guía, cuyo fin último es reducir el consumo energético y mejorar el confort interno de las edificaciones, la Junta realizará, en el plazo de dieciocho meses, una auditoría en los centros para dotarlos de un certificado de eficiencia energética y establecer las previsiones de actuación.

Tras ello, en un periodo de doce meses, deberá elaborar un plan de mejora de la eficiencia energética para cada centro que, a su vez, deberá tener en cuenta en la elaboración de sus planes plurianuales de inversiones en infraestructuras educativas.