La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha solicitado que el responsable del Destacamento de Tráfico de Trujillo, el brigada José Padilla, sea suspendido del mando en el plazo de dos o tres días, tras conocerse que tiene abierta una investigación interna por presuntas amenazas e intimidaciones contra pequeños empresarios de la zona, según adelantó ayer EL PERIODICO EXTREMADURA.
Un portavoz de esta asociación indicó a este diario que no resultaría muy lógico que Padilla siguiese ejerciendo sus funciones ante la situación "de gran tensión" generada en el destacamento trujillano, y agregó que varios agentes están a punto de darse de baja al temer una reacción "imprevisible" del brigada.
Además, estos guardias han pedido que la Jefatura de Tráfico de Madrid actúe en este asunto, y que también se abra una investigación sobre el patrimonio personal de José Padilla, al considerar que existen indicios de que su tren de vida no corresponde con sus situación económica.
La petición de una intervención directa desde Madrid viene motivada, según la asociación de guardias, por las sospechas de que alguien pudiese tratar de dar carpetazo a la investigación iniciada contra el brigada de Trujillo, que, según las mismas fuentes, tiene "amigos muy poderosos" en la comunidad autónoma.
Por otro lado, agentes destacados en el subsector de Cáceres indicaron que el responsable de Tráfico en la provincia cacereña fue reclamado ayer para que acudiese de manera urgente a Badajoz para entrevistarse con el comandante responsable de la Guardia Civil de Tráfico en Extremadura y abordar este espinoso asunto.
Las acusaciones contra Padilla, confirmadas ayer por la Delegación del Gobierno a la cadena Ser, parten de presuntas intimidaciones a pequeños empresarios trujillanos para obtener favores personales y presiones a los agentes del destacamento para que incrementen el número de denuncias en la zona.
Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Comandancia de Tráfico de Extremadura mediante un escrito anónimo, a raíz del cuál se abrió una investigación, donde se habría constatado por el testimonio de empresarios y agentes la existencia de las amenazas.
