Los cambios normativos introducidos en el ámbito del autoconsumo eléctrico renovable en el último año y medio parece que por fin están potenciando su avance y las previsiones son que experimente un enorme crecimiento en los próximos meses. Si bien es cierto que se partía de unos niveles muy bajos, también lo es que solo teniendo en cuenta los proyectos que ahora mismo tiene en tramitación la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad extremeña, la estimación es que la potencia de este tipo instalada en la región se multiplique por más de seis en el transcurso del 2020, pasando de los 2.398 kilovatios pico (kWp) con los que se cerró el 2019 a 15.154 kWp.

A nivel nacional, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) calcula que la nueva potencia fotovoltaica para autoconsumo puesta en marcha el año pasado en todo el país prácticamente duplicó la del 2018 (de 235 a 459 megavatios, respectivamente). Desde la patronal fotovoltaica se atribuye este notable crecimiento al nuevo marco normativo liberalizado que ha eliminado las barreras económicas y administrativas —entre ellas el denominado ‘impuesto al sol’— que lastraban este modelo. Normas que también han introducido la posibilidad de instalar autoconsumo compartido en bloques de viviendas y el mecanismo de compensación simplificada, a través del cual los usuarios pueden recibir una contrapartida económica por los excedentes de energía que vierten a la red.

«En el 2011 el mercado fotovoltaico en España se destruyo por completo. Lo que se hacía de autoconsumo era de una manera muy testimonial, para gente que no tenía otra alternativa porque carecía de red eléctrica o para quienes tenían las ideas muy claras en materia de sostenibilidad», señala Alberto Cantero, delegado de UNEF en Extremadura. El incremento de la actividad que se ha producido ahora, incide, tiene su principal origen en la retirada de las barreras administrativas que se habían implantado. «Las trabas burocráticas eran enormes y los peajes que se estaban imponiendo hacían que una instalación de este tipo no fuese rentable o que tuviese un periodo de amortización muy largo, de más de diez años», arguye. Las modificaciones normativas han venido acompañada, además, de un progresivo descenso en el desembolso económico que requieren las instalaciones. «En resumen, —concluye— ha habido una mejora de la rentabilidad» que ha hecho que el sector «explote» tras años de letargo.

No obstante, matiza, la previsión de puesta en marcha de 12,7 megavatios para este ejercicio sigue siendo «poco para todo el potencial que tiene la región» y apunta que únicamente con que en determinadas actividades económicas de peso en la región, como las agroindustriales, se apostase en mayor medida por el autoconsumo, «podríamos irnos fácilmente a los 40 o 50 megavatios». En este sentido, confía en que el balance a final de año sea todavía más positivo sumando los proyectos que se presenten en los próximos meses y que tengan margen para comenzar a funcionar antes de que termine el ejercicio.

Según la información facilitada por la Consejería para la Transición Ecológica, el 2019 acabó con 216 instalaciones de autoconsumo generando electricidad en Extremadura. De ellas, 111 estaban interconectadas a red (1.908 kWp) y 105 eran aisladas (490 kWp).

A nivel nacional, UNEF estima que la mayoría de la nueva potencia instalada durante el pasado año —entre un 50% y un 60%— corresponde al sector industrial, de un 30% a un 40% a establecimientos comerciales; y en torno a un 10% al segmento residencial. «Lo que está empujando ahora mismo es el autoconsumo industrial, que son instalaciones más grandes», detalla Cantero, que también es CEO de Gamma Solutions, un grupo empresarial de ingeniería con oficinas en Cáceres.

De hecho, puntualiza, la cifra de kilovatios que promedian los proyectos actualmente en tramitación —muy superior a la que tenían los que había funcionando a finales del año pasado— corresponde a una instalación que «ocuparía unos 3.000 metros cuadrados de superficie, aproximadamente, no estamos hablando del tejado de una casa, sino del de una nave industrial o de un huerto solar al lado de una instalación industrial. Centros que tienen ya un consumo importante y, posiblemente, durante todo el año». Una excepción a este último aspecto sería el del autoconsumo de las comunidades de regantes, donde el bombeo de agua tiene un carácter estacional, pero en el que las importantes ayudas ofrecidas por la Junta de Extremadura para la mejora de la eficiencia energética de estas entidades permiten que las plantas sigan siendo rentables.

En el ámbito residencial, esgrime, también cada vez hay más gente interesada por estos proyectos, habitualmente para construirlos en viviendas unifamiliares. En cualquier caso, reconoce, aquí el crecimiento «es mucho más lento», entre otras cosas porque el mecanismo de compensación diseñado no permite deducir directamente cada kW inyectado por otro consumido, lo que hace que el ahorro, aunque también exista, sea menor. «Generas durante el día, que no es cuando tienes tu mayor consumo, que se produce de noche o a primeras horas de la mañana», explica Cantero.

Aparte de las gestiones que haya que efectuar con la compañía eléctrica, en el caso de las instalaciones conectadas a red estas requieren, si superan los 100 kW de potencia, la autorización previa de la Administración autonómica. Si no los sobrepasan, se ejecuta el proyecto y posteriormente se presentan los documentos de su puesta en marcha. En cuanto a las aisladas, se ejecuta la instalación y posteriormente se tramita la puesta en servicio.

Según se aclara desde la consejería, está a punto de publicarse una instrucción destinada a agilizar, clarificar y unificar criterios en la tramitación de las instalaciones. Cantero también considera importante uniformizar los requisitos que se exigen a nivel local. «Hay ayuntamientos que te piden licencia de obra mayor, otros de obra menor, otros que ni siquiera te piden licencia... Eso es algo que impacta mucho en los costes y en el tiempo de tramitación», cuenta. De hecho, Cataluña y Baleares ya han sustituido la obligatoriedad de la licencia de obras por una comunicación previa.