Cuatro de los cinco socios que forman parte del accionariado de Refinería Balboa junto al grupo industrial Alfonso Gallardo han confirmado que siguen interesados en continuar con el proyecto. Estos son Caja Extremadura, Caja Madrid, BBVA y Avante, si bien la empresa pública extremeña de capital riesgo ha indicado que hasta que la iniciativa no cuente con todas las autorizaciones necesarias y se haya cuantificado cuál es el coste que supondrá construir la planta, no determinará qué porcentaje de la inversión aportará.

"Seguimos apostando por la refinería y a día de hoy mantenemos el interés en este proyecto", indican desde Avante, para luego añadir que "una vez que se reciba luz verde tanto del Ministerio de Medio Ambiente como de otros ámbitos de la Administración será el momento de cuantificar el porcentaje de cada accionista más en concreto".

Iberdrola es el único accionistas que no ha respondido al requerimiento de EL PERIODICO.

En el 2005, Juan Sillero, consejero delegado del Grupo Gallardo, cifraba en 1.200 millones de euros la inversión necesaria para llevar a cabo la planta de refino. Tres años después los cálculos de la empresa promotora hablaban ya de cerca de 2.500 millones.

El director general de Sofiex, Agustín Plaza, señala que el compromiso adquirido por esta sociedad --que cuenta con un 20% del accionariado-- está, en principio, vinculado a las previsiones iniciales de inversión y que si esta aumenta habría que volver a analizar "todo el proyecto, como supongo que harán el resto de socios". Plaza apunta que de momento solo hay "estimaciones" sobre cuál sería el coste de la refinería, y que además este podría variar aún en función de otros condicionantes, como posibles exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (Marm) para dar su visto bueno al proyecto. No obstante, Plaza recalca que Avante mantiene su "apuesta por la refinería".

Refinería Balboa está conformada por el Grupo Alfonso Gallardo, principal promotor del proyecto, que cuenta con un 47% del accionariado; Sofiex (integrada ya en Extremadura Avante), que posee un 20%; Iberdrola, Caja Madrid y BBVA, que tienen cada uno de ellos un 10%; y Caja Extremadura, que cuenta con el restante 3%.

El pasado 31 de diciembre la empresa entregó al Marm toda la documentación que tenía pendiente con vistas a la concesión de la Declaración de Impacto Ambiental, un trámite que acumula ya una sensible demora (las gestiones comenzaron hace cinco años y medio).

De esta forma quedó abierto un periodo de tres meses en los que el departamento que dirige Rosa Aguilar debe decidir si da su visto bueno al proyecto. Eso siempre que no se solicite nueva información, lo que paralizaría otra vez los plazos. Si la decisión del ministerio es favorable a la iniciativa, quedaría por obtener la autorización ambiental integrada que otorga la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta y, finalmente, la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública por parte del Ministerio de Industria. Estos trámites, según el promotor, suelen resolverse con rapidez por lo que, si se obtienen todas las autorizaciones, las obras podrían dar comienzo este año.

En cuanto al resto de accionistas, desde Caja Madrid se asegura: "Seguimos en el proyecto en las mismas condiciones en las que nos incorporamos al mismo". Algo muy parecido a lo que dicen en el BBVA: "No ha habido ninguna variación en nuestra posición". Fuentes de Caja Extremadura también confirman su continuidad y añaden que su integración en un Sistema Institucional de Protección (SIP) junto a otras cajas no tiene por qué variar el compromiso adquirido con este proyecto.