El Grupo Cooperativo Ibérico iniciará mañana, día 23, la segunda ronda de reuniones para avanzar en el contrato formal de la salida de Caja Rural de Extremadura de este grupo, y para lo que se han constituido dos comisiones de trabajo, una económica y otra jurídica.
Según detalla Caja Rural del Sur-Grupo Cooperativo Ibérico, estas dos comisiones tienen que presentar a los consejos rectores un documento final basado en cuentas previamente auditadas para que tenga el visto bueno del Banco de España.
Esta segunda ronda llega después de que se celebrara en Madrid la primera de las reuniones de trabajo para redactar el contrato formal para una salida ordenada de Caja Rural de Extremadura del SIP Grupo Cooperativo Ibérico (integrado también por Rural del Sur y Rural de Córdoba), y donde se estableció la celebración de ambas comisiones.
La Comisión Económica deberá aguardar al cierre de las cuentas anuales al 31 diciembre y que éstas, previamente, hayan sido auditadas a fin de que los técnicos puedan cerrar los términos del "desenganche económico" sobre unos números contrastados y avalados por unos auditores externos.
Esto, según se precisa, es un condicionamiento necesario en la normativa de entidades financieras, para que los respectivos Consejos Rectores aprueben el contrato definitivo en base a unas cuentas anuales que ya vengan con el visto bueno preceptivo de la auditoría que se hace en las tres entidades.
Por su parte, la otra comisión de carácter jurídico tiene que cerrar todos los términos que entrañan esta salida ordenada, la cual fue pactada y aprobada en el mes de abril por los respectivos consejos rectores que sería de mutuo acuerdo.
Para ello, se hace necesario que todos los mismos puntos que estaban reflejados en el extenso documento que formalizó el Sistema Institucional de Protección (SIP), estén consensuados por ambas partes, teniendo en cuenta que es la primera vez en España que se produce la salida de uno de los integrantes de un SIP, el cual fue formalizado hace tan sólo tres años y por una vigencia de diez.
De este modo, añade, no existen precedentes jurídicos sobre los que se puedan establecer términos comparativos, puesto que hay que volver a deshacer contratos y compromisos adquiridos de permanencia que establecían contrapartidas muy rígidas para las tres entidades.
Por tanto, la formalización de una salida ordenada de la caja extremeña tiene que hacerse sobre la base de unas cuentas anuales que sean previamente auditadas y que los términos del nuevo contrato reflejen de una manera justificada la decisión del no cumplimiento del contrato de constitución del Grupo Cooperativo Ibérico.
Las reuniones que ahora se están celebrando son "fundamentales" para que sean los mismos órganos que en su día aprobaron el SIP, los que ahora puedan dar la aprobación de esta salida ordenada.
Además, lo acordado ha de estar "bien fundamentado" para que el Banco de España, que hasta la fecha no se ha pronunciado, autorice la propuesta que le van a presentar los consejos rectores de las tres cajas rurales que conforman el grupo.
