El Grupo Cooperativo Ibérico inicia hoy la segunda ronda de reuniones para avanzar en la salida de Caja Rural de Extremadura del SIP con Caja Rural del Sur, para lo que se han creado dos comisiones de trabajo, una económica y otra jurídica. Ambas tienen que presentar a los consejos rectores un documento final basado en cuentas previamente auditadas para recibir la aprobación del Banco de España. Esta segunda ronda llega después de que se celebrara en Madrid la primera de las reuniones de trabajo para redactar el contrato de salida de la entidad extremeña del grupo financiero, integrado también por Rural del Sur y Rural de Córdoba, y donde se estableció la celebración de ambas comisiones.
La comisión económica tiene que esperar al cierre de las cuentas anuales para que los técnicos puedan cerrar los términos del "desenganche económico" sobre números contrastados y avalados por auditores externos, un condicionamiento necesario en la normativa de entidades financieras. Por su parte, la comisión jurídica tiene que cerrar los flecos que entrañan la salida, pactada y aprobada en abril por los respectivos consejos rectores. Para ello es necesario que todos los puntos reflejados en el documento que formalizó la fusión estén consensuados por ambas partes, teniendo en cuenta que es la primera vez en España que se produce la salida de uno de los integrantes de un SIP.
Al no existir precedentes jurídicos sobre los que comparar el caso, la formalización de la salida de Caja Rural de Extremadura del grupo tiene que hacerse sobre unas cuentas previamente auditadas, y los términos del nuevo contrato deben reflejar de manera justificada la decisión de romper el acuerdo alcanzado para la creación del Grupo Cooperativo Ibérico.
Las reuniones que ahora se están celebrando son "fundamentales" para que sean los mismos órganos que en su día aprobaron el SIP los que ahora puedan aprobar la salida. Además, lo acordado ha de estar "bien fundamentado" para que el Banco de España, que no se ha pronunciado, autorice la propuesta.
