¿Seguirá Guillermo Fernández Vara levantando la bandera del tren como la gran reivindicación extremeña? Él mismo ya ha asegurado que sí, que apuesta por su tierra, pero lo cierto es que el presidente de la Junta se ha quedado sin su estrategia clave que unía a una inmensa mayoría y que tenía como enemigo al Gobierno central, lo que significaba el Partido Popular.
Ahora con el cambio de poder, la queja constante y la indignación transmitida con frases como «esto es una vergüenza» irá dirigidas a un recién nombrado ministro de Fomento, José Luis Ábalos, de su mismo color político, al que tendrá que recordar, tal y como dijo en la histórica manifestación de Madrid del 18 de noviembre: «El tiempo de esperar se acabó y la paciencia también».
Los plazos que dejó comprometidos el saliente Íñigo de la Serna -todas las obras de la línea entre Badajoz y Plasencia finalizadas en el verano de 2019 y electrificación (que no AVE) en el 2020- tendrán que ser cumplidos.
Y en este sentido el PP regional ya ha metido el dedo en la llaga: «Ábalos es valenciano y ha apostado siempre por el Corredor Mediterráneo (el que beneficia a Extremadura es el Atlántico), como demuestra su presencia en actos donde había 1.500 empresarios de la Comunidad Valenciana presionando al Gobierno de España para la llegada de esa infraestructura», manifestó ayer José Antonio Monago. E insistió: «El Corredor Mediterráneo era la prioridad de José Blanco (fue igualmente ministro de Fomento con Zapatero) y lo es ahora de Ábalos».
Las carreteras
El futuro AVE (o tren rápido, digno, electrificado...) es, sin duda, la principal cuenta pendiente del nuevo Ejecutivo central con Extremadura. Pero ni mucho menos la única.
En materia de infraestructuras, hay dos autovías que dependen de Madrid: la Cáceres-Badajoz y la Badajoz-Granada. En cuanto a la primera, justo la semana pasada, antes de que saliera adelante la moción de censura de Sánchez a Rajoy, desde la Consejería de Economía e Infraestructuras aseguraban: «Hay que recordar el protocolo firmado en 2010 entre el Ministerio de Fomento y la Junta de Extremadura, donde la Junta se comprometía a redactar el proyecto, licitar y ejecutar las obras. Pero el coste estimado de entre 300 y 400 millones era asumido por Fomento. Hasta ahora no se ha cumplido». Y agregaban: «Corresponde al Gobierno de España indicar si en su agenda se encuentran las infraestructuras que necesita Extremadura, si va a ejecutar el protocolo, tal y como se comprometió en 2016. La Junta cumplirá su parte pero la iniciativa tiene que partir de Fomento».
En relación a la Badajoz-Granada, se trata de una demanda histórica de ambas comunidades por donde discurre. Esta infraestructura apareció por primera vez en los presupuestos estatales hace 14 años, en 2004, pero se quedó estancada por la crisis. Para este ejercicio las cuentas generales destinan 1,2 millones, una cuantía que el PSOE vio insuficiente (reivindicó al menos 4 millones).
Otra de las peticiones que salen de Extremadura hacia Madrid la lanzó ayer la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero: la derogación de la conocida como Ley Montoro (Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local), la cual impide a los ayuntamientos invertir el superávit de sus cuentas en ofrecer servicios a los ciudadanos y en la creación de empleo. «No tendría sentido que se mantuviera esa normativa de austeridad del gasto cuando el PSOE ha venido pidiendo que se quite», subrayó Cordero. «Por coherencia política, hemos estado defendiendo que la administración local pueda gastar el dinero que tenemos en los bancos», apostilló.
La reforma laboral
Y otras las grandes demandas desde la región, esta vez del propio presidente Vara, es la eliminación de la reforma laboral. De hecho, es la defensa del Ejecutivo socialista cuando el PP le acusa de liderar la tasa de desempleo a nivel nacional (casi llega al 26%, nueve puntos por encima de la media) y de que la sangría de jóvenes que se marchan por falta de oportunidades no cesa.
Esa estrategia de señalar a Madrid se escenificó el pasado Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores; los sindicatos UGT y CCOO y el PSOE se dieron la mano en Extremadura para señalar al «verdadero culpable»: Rajoy.
Queda su herencia. Pero ahora que ya no está, ¿adónde apuntará el dedo?
