El Consejo de Gobierno aprobó ayer la convocatoria de fomento para la contratación indefinida en 2019, con una dotación de 18 millones de euros de fondos de la comunidad autónoma, del Estado y de Europa; con la previsión de habilitar 5.500 contratos indefinidos entre los de nueva creación y los temporales que se transformen en indefinidos, con una ayuda máxima de 8.500 euros por contratación, según apuntó la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña.
Además, aprobó el programa de acompañamiento que desde el Sexpe se hace a los alumnos, empresas promotoras y entidades que participan en los programas de escuelas profesionales, al que se destinan 765.000 euros. También ha dado el visto bueno a la convocatoria complementaria de subvenciones para acompañamiento del programa de formación con alternancia para el empleo, dirigido a alumnos y empresas, con 171.000 euros; así como a las ayudas para tutores de trabajadores que buscan obtener el certificado de profesionalidad, dotada con 100.000 euros.
Asimismo, el Ejecutivo regional destina 60.000 euros para facilitar el retorno definitivo a la región de extremeños en el exterior, con una ayuda única de 1.500 euros por solicitante. Para ello, deberán haber vivido fuera al menos durante cuatro años justo antes de regresar y no llevar más de un año de vuelta en la comunidad. Esa cantidad aumentará en 350 euros si se es familia numerosa, si se tiene alguna discapacidad igual o superior al 33% o si se ha sido víctima de violencia de género o de terrorismo.
LEY DE PROYECCIÓN CIVIL // Por otro lado, la Junta ha dado luz verde al proyecto de ley de Protección Civil y de Gestión de Emergencias de Extremadura, para «ser más eficaces y eficientes» en situaciones de catástrofe y emergencias. El texto se aprueba por la Junta tras consensuarlo con el 112, Protección Civil, Cruz Roja, la Fempex y las diputaciones provinciales.
Al margen de todo ello, se aprobaron algo más de 2,6 millones de euros en ayudas a ayuntamientos para el mantenimiento de plazas residenciales y centros de día con cargo a la ley de dependencia. A este respecto, Gil Rosiña recalcó que la Junta «asume el 80 por ciento de la Ley de Dependencia, cuando el Gobierno central debe así asumir el 50 por ciento y le volvemos a insistir en ello».
Además, el Ejecutivo autonómico encargará a la empresa pública Tragsatec trabajos para la sanidad animal por 12 millones; aprobó ayudas por 1,6 millones para entidades sin ánimo de lucro que trabajan con personas con deterioro cognitivo; y destina 1,4 millones para contratar gerentes de dinamización comercial en ayuntamientos que ejerzan una atracción comercial a una población de al menos 6.500 habitantes.
