El 1 de enero del 2007 entró en vigor la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia. Durante ese primer año de funcionamiento, la norma garantizaba la atención a los grandes dependientes --personas que precisan ayuda todo el día o "grado tres"--. Eso supuso, según las estimaciones del Gobierno, que debía llegar a unas 220.000 personas en todo el país y 6.700 en Extremadura. En el caso de la región, esa cifra se reduce a las 2.480 personas que, a fecha de 28 de diciembre del año pasado, tenían concedida alguna de las ayudas previstas en la nueva legislación para este colectivo.
A nivel nacional, el dato no está disponible al depender la gestión de las solicitudes de cada comunidad; si bien se han cursado en torno a 200.000 solicitudes en todo el país, según manifestó el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, el mes pasado. De ellas, aseguró Caldera, "la mitad ya han sido valorados y prácticamente todas reciben algún tipo de asistencia". Por su parte, la Administración extremeña registró 13.848 solicitudes durante el año pasado, siendo valorados 4.411 de los demandantes y resultando favorable la resolución (es decir, quedando reconocida su situación de dependencia) en 2.460 casos. Actualmente, ya son 4.000 los extremeños que reciben algún tipo de prestación y se han alcanzado las 15.000 solicitudes, declaró ayer la consejera de Sanidad y Dependencia, María Jesús Mejuto.
Para el director general de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, Juan Carlos Campón, "hay que tener en cuenta que la primera estimación --6.700 grandes dependientes en Extremadura-- se redujo poco después (cuando se firmó el acuerdo interterritorial en el que se definían los distintos niveles de dependencia) a 5.700 personas". Además, recuerda que la ley se aprobó sin el desarrollo normativo que permitiera ponerla en práctica, "por lo que vamos avanzando de forma progresiva". En todo caso, destaca que las ayudas tienen carácter retroactivo --"se conceden a partir de la fecha de la solicitud, no cuando se reconoce el derecho" y que es el propio usuario quien debe pedirlas.
El responsable extremeño añade que "por los datos que nos transfiere el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estamos a la cabeza tanto en el proceso de valoración como en el de adjudicación de las ayudas". También incide en que "el sistema se creó hace 22 años y todavía está en construcción". Lo que ocurre es que la ley de dependencia, que para algunos constituye el "cuarto pilar del Estado" ha generado muchas expectativas que en algunos casos no se han visto colmadas.
Son casos como los denunciados por el Colectivo Papas de Alex (CPA), una asociación de padres de discapacitados en Cataluña, que denunció recientemente que la Generalitat no está ofreciendo todas las ayudas previstas en la Ley de Dependencia, informa E. Press. De momento, Extremadura no ha registrado este tipo de críticas, si bien el presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad en la región, Jesús Gumiel, considera que "sería deseable una mayor agilización de los trámites, ya que la resolución de expedientes es de aproximadamente 8 o 9 meses".
