La tramitación administrativa para la instalación de una actividad económica de pequeño impacto ambiental se reducirá entre 3 y 6 meses después de que el Ejecutivo haya aprobado hoy un decreto que deja en manos de los ayuntamientos todo el proceso, informa la agencia Efe.Este decreto afecta, por ejemplo, a la instalación de tiendas de animales, gasolineras, aparcamientos, hoteles, salas de fiesta, cines, colegios, centros comerciales, clínicas, guarderías, restaurantes o residencias de ancianos.El objetivo es simplificar la concesión de licencia de instalación suprimiendo el trámite de calificación e informe por parte de la Comisión de Actividades Clasificadas de Extremadura, según explica el consejero de Energía, Industria y Medio Ambiente, José Luis Navarro.De este modo, si el informe de los técnicos municipales es favorable, el Ayuntamiento ya no tendrá que remitirlo a la comisión regional para que le dé su visto bueno, sino que "tendrá ya plena competencia para que se pueda instalar esa actividad económica".Con ello, según destaca Navarro, se agilizará la puesta en marcha de pequeñas y medianas empresas en los municipios con la consiguiente creación de puestos de trabajo.El consejero estima que este proceso se acortará en tres o seis meses, mientras que la comisión regional verá reducida también notablemente su carga de trabajo, ya que el 70% de los asuntos que tramita --más de 1.300 en el 2008-- se verán afectados por el decreto aprobado hoy.Entre las actividades a las que afecta se encuentran determinadas instalaciones ganaderas, de acuicultura y núcleos zoológicos; para tratamiento y transformación destinadas a la fabricación de ciertos productos alimenticios, y calderas, hornos, generadores de vapor o cualquier otro equipamiento o instalación de combustión existente en una industria.Las instalaciones industriales destinadas al almacenamiento de productos petrolíferos, gas natural y gases combustibles; y otras como antenas de comunicación y talleres dedicados a diferentes actividades económicas también se ven afectadas. Para los expedientes en curso, se ha determinado que sigan el proceso actual, mientras que para el resto se establecerá un periodo transitorio de seis meses en el que los ayuntamientos decidirán cómo hacerlo, enviando como hasta ahora su informe a la comisión regional o no remitiéndolo.Esta medida, señala el consejero, no obligará a los entes locales a aumentar su personal, ya que simplemente se suprime el envío de un informe que ya venían elaborando los técnicos municipales.Asimismo, recuerda que los ayuntamientos pueden reclamar asistencia técnica a las mancomunidades y diputaciones provinciales en materia de medio ambiente y urbanismo.
