la Junta de Extremadura ha dado el primer paso para poder lanzar una nueva convocatoria de las ayudas extrorinarias de apoyo social para contingencias, destinadas a las familias extremeñas que tienen necesidades puntuales y para situaciones sobrevenidas o extraordinarias, ya que las necesidades básicas ordinarias se atienden con otras prestaciones como la renta básica o las ayudas de mínimos vitales (para los gastos de luz, agua y gas).

Sin presupuesto todavía, dado que la próxima convocatoria depende de las cuentas generales de la Junta cuyo anteproyecto de ley aún no se ha presentado, la administración ha comenzado a trabajar en su futura tramitación. Y es que este año trae novedades.

Ya no será el Ejecutivo regional quien gestione y conceda las cuantías a los solicitantes, sino los ayuntamientos. Así se determinó en la Ley de Renta Garantizada aprobada a principios de este año. «El procedimiento de concesión se tramitará íntegramente por los ayuntamientos de los municipios de la región», recoge el borrador de la orden por la que se establecen las nuevas bases reguladoras que está expuesta en el Portal de Transparencia para recibir alegaciones.

Esta es la principal novedad para la próxima convocatoria de estas ayudas, que llegaron a un total del 288 familias en su última edición. La concesión de esta prestación se convocó por primera vez en el año 2015 y no fue hasta 2018 cuando se aprobó una nueva convocatoria con más de un millón de euros, que trajo polémica ya que tanto el ayuntamiento de Cáceres como el Badajoz recurrieron el decreto regulador, de diciembre del 2017. No obstante, la justicia acabó dando la razón a la Junta de Extremadura y reconoció que para la gestión de esta prestación podía recurrir a la colaboración de los consistorios locales.

La ley de medidas extraordinarias contra la exclusión social, del 2016, establece que la gestión de este tipo de ayudas es competencia municipal, como sucede en la mayoría de las comunidades autónomas porque así lo fija también la Ley de Bases de Régimen Local, aunque hasta ahora la resolución final de las solicitudes recaía en la Junta de Extremadura. La idea es que los servicios sociales de base puedan acelerar la tramitación, con el fin de que el dinero llegue cuanto antes a las familias que lo necesitan.

Los cambios que ahora se establecen en las bases apuntan también que la Junta colaborará en la financiaón de estas ayudas mediante la concesión de subvenciones a los ayuntamientos, «como viene haciéndose con las ayudas para suministros vitales y como se vino haciendo también con las ayudas de protección social urgente en 2014», informan desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.