El acuerdo de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Cajastur y las cajas de Extremadura y Cantabria para hacer la quinta entidad financiera del país se rompió cuando el Banco de España obligó a la entidad alicantina a reclasificar créditos por valor de 5.000 millones de euros, lo que abocaba al grupo a ser nacionalizado. Hasta ahora los portavoces de las tres cajas --que el pasado 30 de marzo rechazaron seguir adelante con su acuerdo de integración con CAM en el Banco Base-- solo habían explicado que el motivo por el que intentaron reformular los términos del acuerdo era que habían aflorado unos datos sobre la caja alicantina que desconocían.
En una entrevista en RNE, el presidente de Caja Cantabria, Enrique Ambrosio Orizaola, ha revelado que el detonante de aquella situación fueron las conclusiones de una inspección a la CAM que el Banco de España puso en conocimiento del consejo de administración de Banco Base el pasado 18 de enero. Esos resultados indicaban que 5.000 millones de inversión crediticia de la CAM tenían que ser clasificados, lo cual suponía un impacto importante. Al mismo tiempo, se detectó una contabilidad errónea de un "swap", comentó.
Esos datos llegaron además cuando ya estaba sobre la mesa el real decreto ley que iba a obligar a las cajas de ahorro a tener un 10% de capital principal.
Las tres entidades estuvieron de acuerdo que, en esas condiciones, el proyecto de Banco Base no era viable e intentaron "reconducirlo", algo a lo que se negó la CAM.
Por su parte, la directora general de la CAM, María Dolores Amorós, indicó al diario Información de Alicante que "no cumplir con los compromisos o no hacer todo lo posible por cumplirlos se podría considerar que no es del todo lo más ético o lo más honesto".
Mientras, Orizaola reconoce que el nuevo SIP ha perdido el tamaño que aporta CAM, pero precisa que son "más fuertes que antes" en "valores fundamentales" como solvencia, liquidez y eficiencia.
