La Dirección General de Infancia y Familia de la Junta abrió el pasado año 895 expedientes por casos de malos tratos a niños en la región y asumió 90 tutelas. Esto supone un incremento del 8% en el número de casos en los últimos cuatro años, y una reducción del 43% respecto a las institucionalizaciones, según los datos facilitados ayer por este departamento. La razón de estos parámetros contrarios se debe, indicó la Junta, a los programas experimentales puestos en marcha, que permiten más conocimiento de la situación e inciden en la permanencia de los niños en el ámbito de la familia.
Las denuncias no han dejado de crecer en los últimos años, contrariamente a la reducción del número de tutelas asumidas por la Administración regional. Así, en el año 2001 se abrieron 830 expedientes, 807 en el 2002, 867 en el 2003 y 895 el pasado año; mientras que la institucionalización de los menores registró 155, 130, 104 y 90 casos, respectivamente.
El director general de Infancia y Familia, Francisco Javier Alonso de la Torre, explica estos datos teniendo en cuenta el desarrollo de programas experimentales que se están realizando en diversas localidades extremeñas desde 1997. A su juicio, estos programas han permitido mejorar los procedimientos de detección y notificación de los casos de maltrato --ahora son mejor detectados y adecuadamente notificados a la Junta--; agilizar la tramitación de los expedientes para intervenir antes y reducir la gravedad de los malos tratos; y disminuir la contundencia de las medidas de protección por parte del Ejecutivo regional y lograr una mayor permanencia de los menores en el seno familiar.
En este sentido, Alonso de la Torre, que compareció ayer en la Asamblea para explicar la situación, indicó que los casos de maltrato infantil graves se han reducido progresivamente en la región, y que la intervención de equipos técnicos está consiguiendo que las familias mejoren atenciones y cuidados, de forma que la institucionalización es menos frecuente.
LA GRAVEDAD, PEOR Sin embargo, afirmó que "los casos graves cada día son más graves", y las características de los menores que precisan de la retirada de sus familias son más complicadas. Alonso de la Torre remarcó que son "pocos" casos los que reúnen las características de especial importancia y que en cuanto a las retiradas del menor de su hogar, afortunadamente también son casos anecdóticos, pero casi llegan a un centenar en la actualidad.
Para intentar reducir esta situación, la Junta lleva a cabo trece programas experimentales con una inversión de 830.000 euros, los tres últimos en Plasencia, Sierra de Gata y Villafranca de los Barros. Con ellos, reiteró, no se trata inicialmente de erradicar el maltrato, sino de "crear estrategias generalizadas para perseguirlo y llevarlas a cabo en zonas rurales y en núcleos de población mayores". A este respecto, explicó que en Badajoz se desarrolló durante tres años un programa debido a la elevada demanda de servicios sociales de este tipo, por la existencia de determinados barrios marginales y por su situación fronteriza.
Además, como ha ocurrido en Plasencia, otra cuestión que incluyen los programas es la formación de profesionales de distintos ámbitos --sanitario, educativo, judicial, social, psico-social, policial--, que puedan estar en contacto con familias para que reconozcan indicios de posibles casos y lo notifiquen eficazmente para intervenir con rapidez.
El objetivo es llevar a cabo actuaciones de carácter innovador e investigador en el ámbito de infancia maltratada, bien en la detección y notificación o bien en tratamiento de víctimas y sus familias. Los resultados de estos programas, señaló, han conllevado proyectos de intervención con familias desfavorecidas y monoparentales.
