La Consejería de Bienestar Social ha limitado a un periodo máximo de seis meses la tramitación previa de los expedientes para la adopción de menores, de forma que trata de ofrecer unas mayores garantías a las familias que inicien el proceso. Además, en el reciente decreto que regula todos los procedimientos de valoración de las familias, reduce a cuarenta años la diferencia máxima de edad entre padres e hijos adoptados e introduce una nueva figura, la no idoneidad transitoria.

Bienestar Social ha aprobado una nueva regulación de los procesos previos a la adopción y el acogimiento familiar con la que, según explica, trata de abordar "determinadas carencias" detectadas en el proceso establecido hasta ahora. La primera medida adoptada ha sido fijar a un máximo de seis meses el plazo de resolución del procedimiento de valoración de las familias, trámite anterior a la inclusión en las listas de espera tanto para las adopciones como para los acogimientos.

De esta forma, una vez que los solicitantes presenten toda la documentación requerida, los técnicos de la Dirección General de Infancia y Familia emitirán en un plazo máximo de seis meses un dictamen en el que indican si se trata de una unidad familiar idónea para adoptar o acoger un niño. El silencio administrativo se entenderá como una declaración negativa.

Además, esta norma introduce una nueva figura, la no idoneidad transitoria, que se aplicará cuando las circunstancias psicosociales que provoque el informe negativo tengan un definido carácter temporal, que los técnicos deberán especificar.

MENOS DIFERENCIAS

Por otra parte, se reduce la diferencia máxima entre adoptante y adoptado a cuarenta años -antes estaba en 45-- "al hacerse evidente con la práctica la necesidad de esta reducción".

El espíritu de todos los cambios recogidos en el decreto, apunta Bienestar Social, es "ofrecer mayores garantías a la hora de seleccionar una familia para un niño concreto", puesto que el interés del menor "justifica todas las actuaciones seguidas por la Administración en esta materia y se superpone a cualquier otro que pueda concurrir". También se trata de reducir en lo posible la intranquilidad y el periodo de espera de las familias, aunque este punto es más complicado.