Si baja la compra de una determinada marca de tomate frito porque se relaciona con Cataluña (aunque la factoría esté en Extremadura), no cabe duda de que el año que viene, cuando llegue la temporada de firmar los contratos de producción, si ha descendido el consumo de ese producto, también lo hagan los números de ese contrato. Eso significa menos ganancias, o lo que es lo mismo, pérdidas para la empresa, que se traducirían en un problema para la plantilla, esto es, trabajadores extremeños que pueden ver amenazado su puesto de trabajo». Así lo explica Javier Peinado, secretario general de la Creex (Confederación Regional Empresarial Extremeña), para evidenciar que, en una economía globalizada, fomentar el boicot a productos supuestamente catalanes provocaría un efecto boomerang «o de bala perdida que rebota en una pared y al final te da». Pone el ejemplo del tomate en referencia a la marca Solís, cuya factoría está en Miajadas, pero que ha entrado en la lista negra por pertenecer a Nestlé, con sede en Cataluña.
Pero no es el único caso. Peinado recuerda que ocurre igualmente con el agua Aquarel, también de este grupo empresarial pero que se embotella en una empresa de Herrera del Duque.
Otro caso, el más conocido, es el de la empresa Conesa, en Vegas del Guadiana, que se dedica a la transformación del tomate que se le echa, por ejemplo, a las pizzas de Casa Tarradella, también en la diana.
«NO SIGNIFICARSE» / Y así muchas más, algunas que incluso «prefieren no significarse» para no verse perjudicadas. Calcula Peinado que al menos 40 empresas de la región -y sus trabajadores- podrían sufrir las consecuencias de este boicot de productos catalanes que inunda las redes sociales. Por eso desde Extremadura se quiere hacer una llamada al sentido común. «Respetamos y comprendemos la indignación ciudadana y la reacción visceral por el tema de la independencia, pero hay que pensar con la cabeza», asegura el portavoz de la patronal.
Ayer se reunieron en Mérida varios empresarios extremeños con el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, para analizar esta realidad que, temen, se convierta en un serio problema para la comunidad autónoma.
No tienen cuantificado el impacto económico que podría suponer y aseguran que no hay ningún hecho constatado de algún problema en concreto, pero sí han querido lanzar una alerta de lo que podría ocurrir. Porque no se trata solo del boicot desde Extremadura y sus consecuencias, sino que este además podría venir de vuelta desde Cataluña, otro efecto boomerang. Manuel López, presidente de Alumasa, una empresa de aluminios con sede en Villafranca de los Barros, pone el ejemplo: «En más del 50% de las matrículas de los coches que salen hoy día, la materia prima es de Alumasa. Y nosotros vendemos a empresas catalanas».
PRESENTE Y FUTURO / Fernández Vara quiso definir ese boicot como «darse un tiro en el pie, un gravísimo error de estrategia en el presente y en el futuro». «En un mundo globalizado no se pueden vincular los productos a un único territorio», aseguró.
Javier Peinado también quiso añadir: «A pesar de que muchos piensan que boicoteando el cava catalán se beneficia al magnífico cava que se produce aquí, es un error. Porque el cava extremeño se ha hecho un hueco en el mercado, no en el nacional, sino en el internacional, gracias al esfuerzo de las empresas, que han hecho que sea competitivo y de calidad».
«Los empresarios extremeños estarán encantados de recibir con los brazos abiertos a aquellas empresas siempre que decidan libremente venirse a Extremadura, un territorio proclive a que se trasladen, aunque son las pequeñas y medianas las que están siendo presionadas y quienes más difícil lo tienen para marcharse», agregó.
Los empresarios de la región tienen claro que, al fin y al cabo, «no se puede fomentar el boicot a los productos catalanes, porque son, en definitiva, productos españoles».
