Por unanimidad. Así fue aprobado ayer tarde por el Consejo de Administración de Caja Extremadura el protocolo de intenciones firmado el pasado lunes con Caja Mediterráneo, Cajastur y Caja Cantabria para la puesta en marcha de un Sistema Institucional de Protección (SIP), según informó la entidad en un comunicado. Las otras tres cajas también ratificaron el acuerdo por unanimidad.

Para el presidente de la entidad extremeña, Víctor Bravo, "los miembros del Consejo estamos plenamente convencidos de que el acuerdo alcanzado favorecerá los intereses de nuestros clientes, empleados, de la sociedad y también del territorio al que nos debemos".

El acuerdo atiende, según Caja Extremadura, a la oportunidad estratégica que supone la creación de una entidad, la quinta del país y la tercera entre las de ahorro, "fuerte, solvente y mejor posicionada para competir en el actual contexto financiero".

El SIP, además, permite, según los miembros del Consejo, combinar perfectamente "la fortaleza de la presencia local de cada una de las entidades con su acción a nivel nacional, gracias a la complementariedad geográfica y sectorial existente entre ellas".

Otro de los aspectos destacados por los consejeros es que el modelo de integración elegido permite contar con un grupo financiero que sirva de respaldo para desarrollar iniciativas "tendentes a mejorar el tejido productivo" en la región.

Víctor Bravo considera que las otras tres cajas que formarán el nuevo grupo, que tendrá su sede central en Madrid, "son los mejores compañeros de viaje posibles", si bien recuerda que cada Caja mantendrá su personalidad jurídica, una parte significativa del negocio minorista, así como sus órganos de gobierno y la obra social independientes.

El grupo en el que se integra Caja Extremadura cuenta con unos activos financieros de más de 135.000 millones de euros y un volumen de negocio en torno a 177.000 millones. La entidad resultante del SIP dispondrá de 2.300 oficinas y 14.000 empleados.