Agustín Ibáñez es padre de dos hijas y hasta hace un año y dos meses era una de las 35 personas dedicadas a la ganadería en el pueblo cacereño de Valrío. Ibáñez es uno de los ocho casos detectados hasta el momento en Valrío de infección de la brucela en el hombre, aunque el suyo está considerado el más grave. Mareos, dolores de cabeza y musculares fueron los primeros síntomas que le alertaron de la posible infección de una enfermedad transmitida por las vacas y que ya ha provocado la inmovilización de 40.000 reses en el noroeste de Extremadura.

A Agustín la enfermedad le ha apartado del trabajo en el campo de por vida. "Me ha causado una infección crónica en el cerebro y en la columna vertebral", asegura un hombre que dice estar destrozado física y moralmente. Ahora, su gran preocupación son su mujer y sus dos hijas, a las que obliga a trabajar con mascarilla, guantes y botas de goma. "Ellas son las que dan de comer a las vacas y eso me da miedo porque pueden contagiarse", dice preocupado, y afirma que entre la herencia que le ha dejado la brucelosis están nueve pastillas diarias.

Miguel Angel Rodríguez sólo ha estado dos meses de baja, aunque los médicos, le han dicho "que la infección puede volver a reaccionar". Asegura que los ocho informes médicos de los vecinos de Valrío han sido remitidos a la Consejería de Sanidad. "Hoy somos ocho pero mañana seremos 20", explica.

Tanto Agustín como Miguel Angel acudieron a la manifestación del pasado 27 de febrero en Mérida para protestar por las medidas aprobadas por la Consejería de Agricultura.

Felipe Moreno, de momento, sólo ha visto infectarse a su ganado, aunque admite que tiene el miedo metido en el cuerpo. Casado y con dos hijos augura unas pérdidas económicas para este año de 15.025 euros. Asegura que no entiende la actitud de los responsables de la Consejería de Agricultura y dice que la mejor medida sanitaria "es que los animales que se sacrifiquen se repongan con terneros de ganadería no positivas, vacunados con la vacuna B-19". Esta medida, sostiene Felipe, está apoyada por distintos técnicos y veterinarios y "es la única que puede zanjar este problema".

Los ganaderos de Valrío, así como los de Montehermoso y Guijo de Galisteo, piden a la administración una ayuda de 600 euros por animal sacrificado. Todos han creado una plataforma para defender sus intereses y el próximo lunes se reunirán para decidir nuevos actos de protesta. El drama sigue.