Los resultados de la investigación que desde hace dos años realiza la Comisión Europea, para determinar si hubo gato encerrado en los acuerdos de precios que alcazaron entre 1996 y el 2001 las transformadoras de tabaco y los productores por la materia prima, no pueden llegar en peor momento. Citando fuentes del sector, la agencia Efe informó ayer de que la Dirección General de Competencia podría multar con hasta 20 millones de euros (3.328 millones de pesetas) a 20 personas del sector, a las que se acusa de pactar precios de forma ilegal y repartirse el mercado.

Los 20 imputados --entre los que figuran directivos de compañías tabaqueras, cooperativas y organizaciones agrarias-- han recibido de Bruselas recientemene un pliego de cargos en el que se incluyen multas de entre mil y un millón de euros (166.386 y 1.668.600 pesetas) para cada uno de ellos. Esta comunicación se produce en un momento crítico para el sector, que ha convocado encierros y protestas contra la propuesta de reforma del sistema de ayudas al cultivo.

REPARTO DE MERCADO En dicho pliego se acusa a las cuatro transformadoras que operan en España --Cetarsa, World Wide Tobacco, Taes y Agroexpansión-- de repartirse el mercado y de acordar entre ellas de forma opaca el precio que pagarían a los cultivadores por la materia prima. Estas prácticas son contrarias al libre mercado y dinamitan la competencia entre operadores. A diferentes agrupaciones de productores, cooperativas y organizaciones agrarias se les acusa también de alcanzar acuerdos de precios de venta del tabaco, lo que Bruselas considera una práctica ilegal.

Las mismas fuentes consultadas por Efe han lamentado que desde Bruselas se castigue a un sector que mantuvo negociaciones públicas y transparentes, cuando está "bajo la espada de Damocles" en cuanto al matenimiento del cultivo, "pues la reforma propuesta por la Comisión supone el fin de la producción". La propuesta de reforma consiste en sustituir el sistema de ayudas proporcionales a la producción por un pago único cuya cuantía se desvincularía de la cosecha. El 82% de los ingresos del sector son subvenciones, por lo que su drástica disminución haría inviable el cultivo.

En la segunda mitad de los 90 los precios del tabaco en rama se mantuvieron por debajo de las aspiraciones de los productores, que acusaban a las transformadoras de no competir entre ellas para así preservar su cuota de mercado y de pactar precios. Pero todo esto cambió en la campaña del 2001, cuando se conoció que Bruselas había iniciado una investigación contra las cuatro transformadoras por tal motivo. Entonces se desató entre ellas un súbito frenesí competidor, sin precedentes en el sector, que desembocó en un incremento del 60% de los precios.

Pero llama la atención que la Dirección General de Competencia incluya entre los imputados a personas del sector productor, a las que acusa también de pactar un precio. Los afectados tienen un plazo de dos meses y 20 días para presentar las alegaciones oportunas. El sector se defiende argumentado que en este mercado, al copar Cetarsa más de la mitad, se produce "una alineación de precios".