La Comisión Europea considera ilegal el sistema de peajes que ha implantado Portugal en siete de sus principales carreteras por ser un obstáculo a la libre circulación de personas y por discriminar a los extranjeros, que no pueden beneficiarse de posibles rebajas ni emplear los mismos procedimientos de pago que los ciudadanos lusos. Por estos motivos, Bruselas amenaza al Gobierno portugués con llevar el caso al Tribunal Europeo de Justicia si no introduce los cambios necesarios para subsanar esta situación.
La Unión de Cooperativas de Transportistas de Extremadura estimó recientemente que, a cada empresario extremeño que trabaja en el país vecino, estos nuevos peajes le cuestan 600 euros mensuales extras de media.
El aviso efectuado ahora por la Comisión Europea surge a raíz de una queja presentada en noviembre del 2010 por la Cámara Municipal de Aveiro (localidad al sur de Oporto), que alegó que la introducción de peajes en estas vías contravenía tanto el principio de libre circulación de personas por la Unión Europea como el que exige la no discriminación por razones de nacionalidad.
Al considerar que no ha justificado suficientemente la legalidad de este sistema de cobro, la Comisión Europea ha advertido al Ejecutivo portugués que, si no altera las normas legales nacionales "contrarias al cuadro legislativo comunitario, será demandado y procesado en el Tribunal de Justicia de la UE por incumplimiento y violación de normas imperativas de derecho comunitario", se asegura en un comunicado emitido por la Cámara Municipal de Aveiro.
Tras anunciar movilizaciones contra estos peajes, varias organizaciones de transportistas españolas --entre ellas extremeñas-- consiguieron que el Gobierno portugués accediese el mes pasado a aplicar a estos profesionales el mismo descuento que a los de Portugal: un 10%, que se ampliaría hasta el 25% en la franja horaria que va de las nueve de la noche a las seis de la mañana.
Sin embargo, Mario Aza, secretario general de la Asociación Gremial de Transportistas (AGT) de Extremadura, sigue exigiendo que se establezca un área libre de peajes de 130 kilómetros de radio a partir de los límites entre España y Portugal, para no perjudicar las relaciones comerciales entre los dos Estados. Aza recalca, además, que estos peajes "vulneran el Tratado de Valencia" sobre cooperación transfronteriza que fue firmado entre ambos países en el 2002, y que determina que este tipo de medidas no pueden ser implantadas de forma "unilateral".
Igualmente, este responsable de AGT indica que el sistema de telepeaje vigente en Portugal "es un caos". El dispositivo electrónico que se emplea, conocido como Via Verde, es similar al español pero no es compatible con él. De esta forma, los conductores extranjeros tienen que alquilar uno de estos aparatos o comprar a través de internet una tarjeta prepago antes de comenzar a circular por estas autovías lusas. Una vez que ya se está en carretera, también es posible pagar a través de unas "cabinas", pero estas máquinas "están estropeadas muy a menudo", precisa Aza.
REUNION EN LISBOA El problema con los peajes fue una de las cuestiones que abordaron el pasado lunes la ministra de Fomento de España, Ana Pastor, y el ministro de Economía y Empleo de Portugal, Alvaro Santos Pereira, en Lisboa. En el encuentro se acordó que ambos gobiernos van a trabajar durante este semestre "para identificar las mejores soluciones que faciliten la movilidad entre los dos países y la interoperabilidad de los sistemas de pago", según se informó desde el Ministerio de Fomento en un comunicado.
En este sentido, Santos Pereira detalló que posiblemente habrá una revisión y una mejora en los mecanismos de cobro, que se centrará básicamente en homologar el servicio de telepeaje que funciona en España (llamado Vía T y que permite asociar un número de matrícula a un número de cuenta bancario donde hacer los cobros) con los sistemas de pórticos electrónicos mediante los que se controla el paso por estas vías en Portugal.
La conversión en autopistas de estas siete autovías lusas --que antes eran conocidas como SCUT-- dio comienzo en octubre del 2010 en tres carreteras que conectan con Galicia y culminó el pasado mes de diciembre con la puesta en marcha de estos mismos pórticos electrónicos en otras cuatro carreteras más.
