La Comisión Europea y el Parlamento Europeo han acordado realizar un informe técnico sobre el impacto ambiental que puede estar originando la construcción del complejo Marina Isla Valdecañas --el mayor proyecto turístico previsto hasta ahora en la región-- sobre el entorno de este embalse del río Tajo, parte del cual está protegido por la legislación comunitaria como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA). Una vez terminado este estudio ambos organismos deberán tomar una decisión que podría llevar a la paralización de las obras si se constata la existencia de daños ambientales graves.

Esa es la decisión tomada el martes por el Comité de Peticiones, un órgano compuesto por miembros de la Comisión y del Parlamento para estudiar las denuncias sobre presuntas vulneraciones de la legislación europea. En esta ocasión, sobre la mesa se pusieron varios casos urbanísticos de España, entre ellos el de Valdecañas, llevado ante las autoridades comunitarias por la organización ecologista Adenex.

En este sentido, tal y como ya hizo en su pronunciamiento de septiembre del 2007, la Comisión Europea defendió la legalidad del proyecto. Así, explicó que, sobre la base de la información con la que cuenta, no ve "pruebas de que el proyecto vaya a repercutir negativamente de manera significativa" sobre la ZEPA de Valdecañas. Por este motivo, se mostró partidaria de archivar el caso.

Sin embargo, esta postura chocó con la de la parte denunciante. La abogada de Adenex, Angeles López Lax, cuestionó las condiciones en las que se han concedido los permisos de edificación y la recalificación de los terrenos y criticó que no se exigiese una declaración ambiental previa. Además, según explicó ayer, ha aportado nueva documentación a las autoridades europeas.

Por su parte, el eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein calificó como "muy dudoso" el interés general de este proyecto --declarado Proyecto de Interés Regional (PIR) por la Junta--. También consideró como "débiles" e "inviables" las iniciativas propuestas para mitigar el impacto ambiental de las obras y manifestó que el plan de vigilancia ambiental carece de medidas reales. Por ello Hammerstein respaldó que la Comisión investigue las posibles infracciones que se estén cometiendo.

DUDAS DEL PP EUROPEO En términos parecidos se manifestó su compañera en el Europarlamento Cristina Gutiérrez, del grupo Popular. En su caso, censuró la forma en la que se ha aprobado el complejo turístico, por considerar que antes de acometer las obras se debería haber realizado un estudio y proyecto de conservación.

Ante esta situación, el presidente del Comité de Peticiones, el polaco Marin Libicki, pidió más información a la Comisión Europea y dejó abierto el expediente hasta que este organismo aporte un informe técnico detallado, según explicaron ayer fuentes del Parlamento Europeo y la abogada de Adenex. Cuando se disponga de esta documentación --no se ha establecido ningún plazo--, el comité decidirá en una nueva reunión si archiva la denuncia o abre un proceso sancionador contra la Administración regional --como parte promotora y responsable de las autorizaciones--, lo que podría llevar incluso a la paralización de las obras.

El último en pronunciarse sobre este caso fue ayer el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de la Junta de Extremadura, José Luis Navarro. El consejero expresó su confianza en que tanto la Comisión como el Parlamento Europeo decidan cerrar el expediente y afirmó que las "cosas se hicieron bien al conceder las autorizaciones para ese complejo turístico", que cuenta con una inversión superior a los 200 millones de euros y contempla la construcción de un hotel de cinco estrellas, zona residencial, un spá, un club náutico, playa artificial, centro comercial, centro de convenciones, campo de golf, pistas deportivas y centro hípico. Navarro aseguró que la Junta está vigilando el cumplimiento de las condiciones medioambientales del proyecto.