La Comisión Europea ha abierto investigación a diez empresas extremeñas de transporte de mercancías por su implicación en un presunto fraude fiscal en el que se ven afectados dos Estados miembro, España y Portugal. La Comisaría Europea de Transporte y Energía de la UE pretende esclarecer las prácticas fraudulentas que están llevando a cabo estas sociedades, aparentemente portuguesas y autorizadas por el Ministerio de Transporte luso, que encubren a falsos transportistas extremeños que realizan la actividad como transporte internacional pero sin salir de España.
Esta situación ya fue denunciada ante Bruselas por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que ha advertido que esta situación provoca una grave distorsión de la competencia frente a las empresas extremeñas y españoles legalmente autorizadas. La patronal del sector advierte que los transportistas fugados ejercen la actividad en mejores condiciones por cuanto no soportan carga laboral ni fiscal en España y no pueden ser controlados por las autoridades inspectoras españolas.
Desde 1999, Extremadura ha experimentado un éxodo importante de empresas que han trasladado su domicilio fiscal a Portugal. La liberalización del transporte abrió las puertas a un mercado que se mueve en el filo de la legalidad en muchas operaciones.
EXODO FRONTERIZO
En los últimos dos años, las localidades portuguesas fronterizas se han convertido en residencias fiscales de empresas extremeñas, con camiones matriculados en Portugal, y que mantienen su centro de operaciones en la comunidad autónoma. Esta situación ha posibilitado también la aparición de sociedades tapadera que facilitan la tramitación legal para los transportistas que llegan desde España.
En la región, la Agrupación Gremial de Transportistas de Extremadura (AGT) ha canalizado todas las denuncias tanto a la Junta de Extremadura como al Ministerio de Fomento. Según ha podido conocer EL PERIODICO EXTREMADURA, la Dirección General de Transportes de la Junta de Extremadura ya ha tramitado varias denuncias a empresas extremeñas por la práctica de falso cabotaje --denominación que se utiliza en el sector para argumentar la actividad de una empresa en un país distinto al suyo--, así como por el uso de discos no válidos para el tacógrafo del vehículo. En Portugal, la Administración es menos exigente en estos controles.
