El Parlamento Europeo ha pedido más información a las autoridades españolas para aclarar si han existido irregularidades o no en el proceso de tramitación del proyecto de refinería que el Grupo Gallardo pretende construir en Tierra de Barros. Esa fue la decisión que tomó la Comisión de Peticiones de la Eurocámara ayer tras escuchar las explicaciones y valoraciones de la Plataforma Refinería No, la Junta de Extremadura, la Comisión Europea y varios eurodiputados.
La Plataforma Refinería No ha denunciado ante Bruselas el impacto ambiental que tendrá esta instalación si sale adelante, pero sobre todo --este es el origen de la queja-- advierte de deficiencias en el proceso de exposición pública y en la evaluación medioambiental. El portavoz de este colectivo, Pedro Vicente Sánchez, explicó a las autoridades comunitarias que no se está respetando la normativa vigente en Europa sobre la tramitación de este tipo de proyectos, en especial en lo que se refiere al proceso de consulta pública. Según señaló, en España no se ha facilitado el libre acceso de los ciudadanos a la documentación completa, sino que en los ayuntamientos solo se han depositado algunos fragmentos.
Sánchez también advirtió que la refinería y los oleoductos necesarios para su funcionamiento pueden afectar a 11 espacios naturales, incluído el Parque de Doñana. Y cuestionó la ubicación de la planta --"en la zona más fértil de Extremadura"--, la extracción de 4 hectómetros cúbicos de agua cada año para su funcionamiento --"amenazando el caudal ecológico e incrementando la contaminación del río Guadiana"-- y el alto consumo energético de este tipo de industrias --ya que tendrá que bombear el crudo desde el puerto de Huelva--.
"TRAMITACION RIGUROSA" Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente, José Luis Navarro, defendió que la Junta está cumpliendo "rigurosamente" el convenio comunitario sobre participación pública y acceso a la información. En su opinión, "ningún proyecto público o privado ha tenido tantas facilidades para ser consultado", dado que tanto el texto de síntesis del Estudio de Impacto Ambiental como la documentación completa ha estado disponible en varios puntos y en distintos formatos, según aseguró. Navarro también recordó que en la última Cumbre Hispano-Portuguesa, celebrada en enero en Zamora, el Gobierno luso destacó el proyecto como ejemplo del respeto a las garantías sobre impacto ambiental.
Respecto a las tomas de agua del Guadiana, subrayó que hay un acuerdo con las autoridades portuguesas y que siempre se priorizará el consumo humano y agrícola. Asimismo, hizo hincapié en la importancia del proyecto para la generación de empleo en la zona --"crearía 2.600 puestos durante tres años"-- e indicó que la Junta respetará el resultado de la evaluación de impacto ambiental --que corresponde al Ministerio de Medio Ambiente-- sea cual sea.
Tras escuchar ambas comparecencias, los representantes de la Comisión Europea admitieron que pueden existir posibles deficiencias en el proyecto, aunque no cuentan con indicios suficientes, según informan fuentes comunitarias. En esta línea, explicaron que "no se puede decir aún si incumple o no la normativa porque todavía no está aprobado", por lo que han solicitado más información a las autoridades españolas.
DIVERGENCIAS EN LA CAMARA También se pronunciaron sobre este tema tres eurodiputados españoles. Así, el extremeño Alejandro Cercas, del Partido Socialista, insistió en que el proyecto cuenta con el apoyo mayoritario de la opinión pública extremeña, a la vez que acusó a Refinería No de actuar conforme a un prejuicio, ya que la evaluación de impacto ambiental no está acabada.
Por su parte, Willy Meyer, de Izquierda Unitaria Europea respaldó la denuncia del colectivo ciudadano extremeño y pidió que el caso siga abierto ante la evidencia de irregularidades. En una línea muy similar, David Hammerstein, de Los Verdes, criticó que los estudios medioambientales no estén teniendo en cuenta el impacto acumulativo sobre la zona de Tierra de Barros, donde ya existe una cementera.
Una vez finalizado el turno de intervenciones, el presidente de la comisión de peticiones, el polaco Marcin Libicki concluyó que el expediente debe quedar abierto a la espera de que la Comisión Europea reciba más información. Por tanto, una vez que el Gobierno español remita la documentación solicitada, las partes se volverán a reunir para decidir si archivan las denuncias o toman cartas en el asunto.
