Las cuatro empresas vinculadas a multinacionales que compran tabaco procedente de Extremadura --Agroexpansión, World Wide Tobacco España (WWTE), Deltafina y Taes-- deben haber respirado aliviadas tras conocer el pasado 20 de octubre la sanción que les impuso la Comisión Europea por configurar, junto a la española Cetarsa, un "cártel" entre 1996 y el 2001 para concertar los precios que pagaban a los agricultores por la materia prima y no competir entre sí.

Como se recordará, las multas impuestas han sido de 11,8 millones de euros a Deltafina; 1,8 millones a WWTE; 2,5 millones de euros a Agroexpansión; y 108.000 euros a Taes. Estas cifras totalizan una sanción a las cuatro empresas de algo más de 16 millones de euros.

Pero en realidad se trata de una multa casi insignificante si se tiene en cuenta que Bruselas podría haberles sancionado a cada una con hasta el equivalente al 10% de la facturación en el último año de su respectiva matriz, ya que --a diferencia de lo que ha sucedido en el caso de Cetarsa-- la UE entiende que las multinacionales Universal Corporation (de la que dependen Taes y Deltafina), Standard (a la que está vinculada WWTE) y Dimon (a la que pertenece Agroexpansión) son responsables de las prácticas de sus filiales.

FACTURACION ANUAL De aplicar este criterio, la UE podría haber sancionado a estas empresas con casi 400 millones de euros, que es aproximadamente el 10% de lo que facturaron Universal, Standard y Dimon a nivel internacional el último ejercicio, según la información de sus respectivas cuentas de resultados que recogen sus webs. Las tres son compañías dealers multinacionales, es decir, que compran tabaco en el campo y lo transforman para vendérselo posteriormente a compañías como Philips Morris, que son las que elaboran los cigarrillos.

A la sanción impuesta a estas cuatro empresas hay que sumar la de Cetarsa, que ha sido de 3,6 millones de euros. Pero el caso de Cetarsa es diferente porque, aunque también tiene matriz --es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que controla el 80% del capital--, Bruselas ha considerado que la compañía tenía autonomía plena de funcionamiento y por ello no ha querido implicar al hólding público. La multa a Cetarsa ronda el 8% de su volumen de facturación aproximadamente.

MULTAS ELEVADAS Sabedores de la elevada cuantía de las multas que la Comisión Europea aplica en materia de competencia habitualmente, las multinacionales afectadas tienen a buen seguro que haber respirado tranquilas. Uno de los factores que ha actuado de atenuante en la sanción ha sido, además de la pericia de las defensas en la presentación de argumentos sólidos en su descargo, la colaboración con la UE de las empresas implicadas para ayudar en la investigación.

El hecho de que una empresa esté controlada al 100% por una matriz no significa per se que ésta controle todos los movimientos de la primera. Pero en este tipo de procesos, la UE siempre trata de implicar a la multinacional por varios motivos. Uno de ellos es que así la sanción es mayor y tiene un efecto más disuasorio en el mercado.