Tres de cada cinco inmigrantes registrados en Extremadura están en la provincia Cacereña. Según la Delegación del Gobierno, 10.312 inmigrantes tenían tarjeta o permiso de residencia en Cáceres a 31 de diciembre del 2003, mientras que en la provincia pacense el número de extranjeros legales era de 6.811.
Los datos de la Delegación del Gobierno indican también que el grueso de los inmigrantes afiliados a la Seguridad Social es mayor en la provincia de Cáceres. Actualmente, los trabajadores extranjeros suponen el 4,18% del total de afiliaciones en Extremadura y por provincias, los extranjeros en Cáceres son el 3,69% del total; mientras en Badajoz el porcentaje es del 1,12.
En total, en Extremadura residen 17.123 personas foráneas Y de ellas 3.100 proceden de alguno de los países que integran la Unión Europea. Por contra, 14.023 inmigrantes han llegado a la comunidad extremeña desde otros países.
En cuanto a la procedencia del inmigrante de la región, más del 20% llega de Marruecos, seguido del 10,59% que lo hace de Ecuador y del 6,5% que procede de Colombia. Según los datos facilitados ayer por la delegación del Gobierno, otros destinos de los extranjeros que llegan a Extremadura y que poseen permiso de residencia son, por este orden de importancia, Reino Unido, Alemania, Italia, Perú, China, Rumanía, Francia, Portugal, Argentina, República Dominicana, Cuba, Bulgaria, Argelia, Ucrania, Países Bajos, Pakistán, Senegal, Filipinas y Polonia.
MANO DE OBRA El delegado del Gobierno en Extremadura, Oscar Baselga, afirmó ayer en Almendralejo que, actualmente, es necesaria la presencia de mano de obra extranjera en Extremadura para poder atender algunas necesidades de la economía regional. De este modo, la campaña de la recolección de uva en Tierra de Barros necesita de estos trabajadores inmigrantes, "a pesar de que tanto los sindicatos como la propia Junta de Extremadura repitan una y otra vez que hay mano de obra suficiente", reprochó Baselga.
En ese sentido, el delegado del Gobierno calificó de positiva la experiencia de abrir un contingente en Tierra de Barros para tramitar la llegada de unos cien temporeros del Este para la campaña de la vendimia. "La idea es dinamizar el mercado de trabajo en pocos años y que los empresarios cuenten con la mano de obra necesaria", señaló.
Baselga mantiene para Extremadura la que, dice, es la máxima del Gobierno en toda España "inmigración sí, pero legal". Según el delegado, el contar con mano de obra inmigrantes e ilegal conlleva un doble riesgo. Por un lado, se fomenta la existencia de mafias internacionales de tráfico de extranjeros y, por el otro, los empresarios que trabajan con obreros foráneos sin documentos se arriesgan a recibir fuertes sanciones económicas, tal y como ya ha ocurrido este año.
