El ayuntamiento y la Junta tramitarán la reclasificación urbanística de 51 hectáreas propiedad de Defensa para que tengan una utilidad lucrativa y el ministerio cuente con más recursos para financiar la ampliación de la base militar de Santa Ana. Este compromiso se refrendó en el protocolo que firmaron ayer la ministra de Defensa, Carme Chacón, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras. Lo que se hizo ayer fue atar la continuidad de la base militar dando a Defensa medios para poder financiarlo. Esa continuidad pasa, por lo que se ha anunciado hasta ahora, por el traslado a Cáceres del regimiento de ingenieros con sede en Burgos. Sin embargo, la rúbrica del protocolo coincidió con el anuncio del comandante militar de Burgos y Cantabria, Juan Enrique Aparicio, que ayer tomó posesión de su cargo y aseguró que el regimiento de ingenieros "no se traslada".
¿Vendrá el regimiento de ingenieros, con una dotación de 800 militares, a Cáceres? Chacón no habló ayer del regimiento, no lo citó, no dio fechas, pero en la información oficial que del protocolo se distribuyó se indica que uno de los objetivos del acuerdo es que la ampliación de la base sirva para acoger al futuro regimiento de ingenieros con ochocientos militares. Este traslado no parece que se vaya a producir, y más por lo dicho ayer por Aparicio, en el 2009, la previsión inicial era que tuviese lugar en el segundo semestre, pero tampoco tendría sentido que ese traslado no acabe ocurriendo y más tras el protocolo firmado.
El ayuntamiento y la Junta van a permitir a Defensa que reclasifique 51 hectáreas, terreno que fundamentalmente se tendrá que destinar a viviendas con algún tipo de protección pública, por lo que se está dando al ministerio lo que ahora no tiene: medios económicos para que la base se pueda ampliar y garantizar su utilidad, por lo que el regimiento, si no viene en el 2009, lo podrá hacer durante el 2010.
POSIBLE PIR Los terrenos de Defensa que se reclasificarán están al sur del recinto ferial, con el que lindan, y frente a la base de Santa Ana (Cimov), de la que están separados por la carretera de Mérida (N-630). Se destinarán principalmente a la ejecución de viviendas de protección pública (VPO, programa 60.000 euros, las viviendas medias...), además de otras utilidades como las terciarias (comercial) que sirviesen de separación entre el recinto ferial y el núcleo residencial y cesiones de terreno a las instituciones para hacer dotaciones públicas.
Ahora se deberá concretar cómo se realiza la reclasificación de unos terrenos que son no urbanizables de reserva militar para que se transformen en urbanizables. Una de las opciones sería con un proyecto de interés regional, figura que agiliza las variaciones de usos urbanísticos, que, a diferencia de lo ocurrido en el Junquillo, se haría íntegramente en terrenos que son de titularidad pública. Sería la mayor operación de vivienda a precio tasado por la administración que se realiza en la ciudad de Cáceres.
La participación del ayuntamiento es facilitando la reclasificación del suelo, al igual que la Junta, que desarrollaría la distinta tipología de vivienda protegida que establece su plan regional. También estaría por definir cómo se acomete está actuación: si la enajenación se realiza directamente por Defensa o si se hace a través de las empresas de capital público que tiene la Junta.
EL INFANTA ISABEL Chacón recordó que la base se ampliará en 280 hectáreas, que es el doble de su actual superficie, una ampliación que se hace sobre terrenos que son de particulares. Las 51 hectáreas que cambiarían de uso no están siendo utilizadas por el ministerio porque están separadas del resto de la base militar por la carretera de Mérida.
La ministra destacó que el protocolo prevé la cesión al ayuntamiento del edificio del Infanta Isabel, que tiene más de dos mil metros cuadrados edificables, una vez que se trasladen los servicios que allí se prestan al palacio de las Cigüeñas.
