Los daños sufridos por el sector agroalimentario extremeño debido a las tormentas de las últimas semanas protagonizó ayer el Pleno de la Asamblea; pero el debate no fue unánime. Y es que se aprobó instar a la Junta a peritar, a la mayor brevedad posible, los daños ocasionados; a conceder ayudas a los ayuntamientos afectados para la contratación de trabajadores eventuales agrarios; y a solicitar del Gobierno de España la declaración de emergencia o de naturaleza catastrófica de las zonas afectadas; pero se rechazó una propuesta del PP para que el Gobierno extremeño habilite fondos propios para paliar esos daños. Las propuestas aprobadas fueron planteadas una por Podemos y otra por el Grupo Socialista; pero el PSOE rechazó la del PP (Podemos se abstuvo) para que la Junta asigne dinero de los fondos de contingencia propios para ayudar a los afectados.

Desde las filas de la formación morada se defendió su iniciativa ante la «gravedad de la situación», con 600.000 jornales perdidos, argumentando la necesidad de «eliminar el requisito de las peonadas para tener derecho a renta, ayudas para los ayuntamientos afectados a través de trabajadores agrarios, solicitar al Gobierno la declaración de zona catastrófica, beneficios fiscales, lineas de prestamos ICO y facilitar el acceso a la financiación», señaló el diputado Eugenio Romero. La propuesta instando a la Junta a llevar a cabo todo eso salió adelante con los votos a favor del PSOE y Ciudadanos, y la abstención del PP.

También fue aprobada, en esta ocasión por unanimidad, la propuesta del PSOE para instar al Gobierno central a declarar zona de emergencia en todos los municipios afectados y a poner en marcha las medidas necesarias para paliar esos daños.

Sin embargo, antes, fue rechazada otra en la que el PP instaba a la Junta a poner fondos propios para ayudar a los afectados, y no dedicarse «únicamente a reclamar ayudas a Madrid», cada vez que hay un temporal, cuando lo primero que tiene que hacer, por ser la administración más cercana y tener competencias para ello, es «meterse la mano en el bolsillo y apoyar al campo extremeño», sentenció el diputado popular Francisco Ramírez.

La réplica llegó por parte de la diputada socialista Teresa Macías, para la que el PP, «con tal de no molestar al señor Rajoy ni a la ministra Tejerina son capaces de pedir todo a la Junta de Extremadura para no poner en evidencia al Gobienreno del PPr».

Al margen de las consecuencias de las tormentas para el campo, la Cámara dio vía libre a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (Legio), que seguirá ahora su tramitación parlamentaria con enmiendas parciales en la comisión correspondiente tras pasar ayer la primera criba.

El más crítico con la normativa fue Podemos, que aseguró que con esta normativa Extremadura «se va a convertir en el prostíbulo de las grandes empresas», sobre todo de los «macrocasinos», para quienes, a su juicio, está creada la ley, según apuntó el diputado Daniel Hierro. A su juicio, todo este proyecto «es una cortina de humo, porque saben (el Ejecutivo regional) que no se van a instalar, como pasó en Madrid y en Aragón, pero se seguirá hablando de esto hasta las elecciones». Además, se preguntó «por qué para los autónomos hay mano de hierro y para estas empresas guantes de seda», en relación a la rebaja fiscal prevista en la norma.

Desde la filas del PP, el diputado Víctor del Moral, avaló la normativa, pero avanzó que presentarán enmiendas enfocadas sobre todo a dar seguridad jurídica a las empresas que puedan apostar por estos proyectos; al igual que hará Ciudadanos.

Por su parte, el diputado socialista Valentín García, recalcó que se trata de «intervenir menos y agilizar más»; y aseguró que se crearían unos 4.000 empleos directos e indirectos en cada uno de estos parques de ocio, y que por cada euro invertido se generarán 1,87 euros de valor añadido, mientras que por cada euro gastado por los turistas, se añadirán otros 0,71.

OTROS ASUNTOS // En otro orden de cosas, el Ejecutivo aseguró que sigue con el objetivo de reactivar la mina de Aguablanca de Montesterio tras la declaración de impacto ambiental favorable, mientras el PP denunció que no ha hecho nada por sus trabajadores.

Además, se rechazaron sendas propuestas del PP para bajar el IRPF y para que el Gobierno legisle la custodia compartida; mientras que Podemos logró que siga adelante la tramitación parlamentaria de la Ley de Comercio Ambulante de Extremadura.