Una sentencia del Tribunal Constitucional le dio la razón en 2017 a Cataluña, que consideraba que el Gobierno central invadía competencias autonómicas en materia de asistencia social con la gestión de los programas del 0,7% del IRPF. El Estado entonces se vio obligado a modificar el reparto de esta subvención: ahora el 80% del dinero lo administran las regiones; el otro 20%, el Gobierno central.
Cuando las competencias estaban en Madrid, las asociaciones de Extremadura mandaban los proyectos a sus federaciones estatales correspondientes y estas se encargaban de adaptarlos y presentarlos al Ministerio para que fueran válidos. Cuando la gestión pasó a la Junta, no contaron con esas ayuda, y fue también uno de los motivos por el que algunas se quedaron fuera de la ayuda económica. REDACCIÓN
