Siete meses después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) planteara una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la Ley de Suelo que aprobó la Asamblea extremeña en el 2011 para dar cobertura legal al complejo Isla de Valdecañas, ya hay sentencia. El Tribunal Constitucional da la razón a las organizaciones ecologistas y asegura que aquellos cambios que se introdujeron en la normativa extremeña tan solo veinte días después de la primera sentencia que obligaba a demoler el resort turístico no se ajustan a la Constitución. Y, por tanto, anula aquella modificación que permitía 'legalizar' Isla de Valdecañas, a pesar de su sentencia de derribo, "por vulnerar competencias del Estado".
Declara nulo, en concreto, uno de los artículos modificados (el 11.3.1 párrafo segundo de la Ley 15/2001, de 14 de diciembre, del suelo y ordenación territorial de Extremadura, en la redacción introducida por la Ley 9/2011, de 29 de marzo)
Esa modificación, que se introdujo con los votos a favor de los dos únicos grupos que ocupaban entonces el Parlamento regional (PSOE y PP), autorizaba la recalificación de los suelos protegidos de la Red Natura 2000, como es el espacio de Isla de Valdecañas, lo que suponía que se podría construir en zonas no urbanizables. La sentencia considera que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deben ser objeto de una especial protección y han de calificarse necesariamente dentro de la categoría de suelo rural especialmente protegido. "Por tanto, no cabe realizar en ellos actuaciones de transformación urbanística", insiste el Tribunal Constitucional.
La reacciones a esta sentencia, con fecha 13 de noviembre pero difundida hoy, no se han hecho esperar.
El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que respeta la sentencia y ha instado a esperar a que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura resuelva definitivamente la ejecución de la sentencia de derribo que pesan sobre el complejo turístico cacereño, según informa la Agencia Efe. "Para eso está el Tribunal Constitucional, para valorar si se adecua en todo o en parte a la Constitución".
Por parte del PP, que en 2011 también votó a favor de los cambios legales ahora inconstitucionales, justifica que apoyó la reforma para evitar que se limitase el crecimiento de la región por "un exceso de protección ambiental", en palabras dela diputada Pilar Pérez. A preguntas de los periodistas, ha recordado dicha modificación legal "viene de gobiernos socialistas anteriores".
Desde Ciudadanos, la diputada Marta Pérez señala que respetan la sentencia aunque consideran que el fallo "pone freno al desarrollo económico regional y no es lo más conveniente". Defiende que el desarrollo de la zona de Isla de Valdecañas ha sido "notable": "Solo habría que darse una vuelta y hablar con los alcaldes de los municipios de alrededor para saber si realmente allí ha llegado el progreso y el desarrollo económico como a nosotros así nos consta".
Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, no descarta pedir dimisiones tras la sentencia del Constitucional. "El PSOE y el PP urdieron una modificación legal insultante a sabiendas de que era ilegal para beneficiar al empresario de turno y a cuatro ricachones que querían una vivienda de lujo a menos de una hora y media de Madrid". Por ello, ha asegurado esta mañana que su grupo estudiará todas las acciones posibles desde el punto de vista institucional para que los extremeños no paguen la demolición del complejo.
