Las campañas de recogida de la uva y la aceituna de mesa en la provincia de Badajoz no precisará este año de la contratación de mano de obra extranjera para cubrir los más de 23.000 puestos de trabajo que generará esta actividad, a desarrollar entre finales de agosto y principios de septiembre. Esos puestos se cubrirán gracias a la reintegración a la actividad agraria de quienes han perdido su empleo en sectores como la construcción o servicios, y a la presencia de trabajadores europeos, rumanos y búlgaros mayoritariamente, que ya residen en la región y han trabajado en campañas anteriores.

La subdelegada del Gobierno en Badajoz, Yolanda García Seco, informó ayer de esta previsión tras la reunión mantenida por la Comisión Provincial de Flujos Migratorios. En este encuentro, con representantes de todas las organizaciones sindicales y empresariales del sector, el Servicio Público de Empleo y el Instituto Nacional de Empleo, el director provincial de la Inspección de Trabajo, y la Federación de Municipios y Provincias, se debatieron las necesidades de mano de obra que tienen las explotaciones agrarias para la recogida de uva y aceituna. La comisión trató también temas como los asentamientos irregulares durante la campaña y las sanciones por contratos ilegales.

ASENTAMIENTOS Durante la reunión de la Comisión Provincial de Flujos Migratorios también se ha recordado la responsabilidad de ayuntamientos y empresarios para evitar que existan campamentos o asentamientos irregulares. Por otra parte, la Inspección de Trabajo puso sobre la mesa sus planes de actuación para comprobar la situación de legalidad de los trabajadores durante la campaña. Estos planes serán los ordinarios, que consisten en las visitas aleatorias en cualquier momento para comprobar la legalidad de los contratos y otras que pueden realizarse a raíz de la denuncia de algún particular.

Las sanciones de la Inspección de Trabajo a los empresarios que no cumplan la ley oscilan entre los 6.000 euros por trabajador que no esté dado de alta y los 60.000 a los que se puede llegar si la persona no tiene permiso de trabajo o cobra prestaciones por desempleo. Para evitar estas situaciones, el presidente de APAG Extremadura-Asaja, Bibiano Serrano, apeló ayer al saber hacer de los empresarios para que "todo se haga conforme a la ley".