El campo volverá a las urnas después de 15 años. Será a comienzos del 2017, previsiblemente en el primer trimestre, según han sugerido las organizaciones agrarias durante la tramitación de la ley que regulará los nuevos comicios y que esta semana cerró el trámite parlamentario en la Asamblea de Extremadura con el debate de las enmiendas parciales y la aprobación del texto. Quiénes integrarán el censo está aún por determinar, pero según la reforma aprobada --que entrará en vigor cuando se publique en el DOE-- estarán de oficio las personas físicas inscritas en la Tesorería General de la Seguridad Social en el régimen del campo, o los autónomos, mientras que las personas jurídicas deberán solicitar su alta en el censo para acreditar quiénes son y evitar que se pueda producir un voto múltiple.
Los comicios que habrá el próximo año serán los terceros que se celebran en Extremadura en 18 años --se plantearon para 2006, pero se aplazaron porque estaba pendiente la reforma de la ley nacional de cámaras agrarias-- y el panorama ha cambiado bastante desde el 31 de mayo de 1998 en que los agricultores y ganaderos fueron llamados por primera vez a las urnas. En esa primera cita se impuso Asaja con un 43% de los votos a nivel regional, por delante de UPA (31,95%). Cuatro años después, en la cita del 2002, la unión de UPA y UCE les dio la victoria con el 44,5% de los votos.
Entonces lo que se votaba era la composición de las dos cámaras agrarias provinciales que desaparecieron hace cinco años y fueron sustituidas por el Consejo Agrario y Rural de Extremadura. Esa es una de las diferencias entre esos procesos y el previsto para el próximo año, que es de ámbito regional y por tanto con circunscripción única. La otra diferencia será el censo, que se cambiará en los comicios de 2017 según los parámetros que contempla el nuevo marco legal. "Son unas elecciones profesionales y el carnet de profesional para nosotros es la Seguridad Social", defiende Ignacio Huertas (UPA-UCE) sobre el criterio preferente que marca el nuevo texto.
LA FORMULA DEL CENSO Precisamente la constitución del censo es una de las cuestiones que más fricción han generado desde la reforma legal que se aprobó en los últimos meses del Gobierno de Monago, en la que el censo de electores pasaba de 10.000 a 25.000 agricultores, porque se incluía a los perceptores de la PAC que superaran los 5.000 euros anuales y los que acreditaran que al menos el 25% de su renta proviene del sector agrario. Esa modificación no gustó a UPA, Apag-Asaja Extremadura y COAG, que cuestionaban que eso no incluía a los trabajadores del campo sino a personas que podían tener otra actividad y además obtener una serie de ingresos de actividades agrícolas, y se excluía por el contrario a sectores como el del ibérico o las frutas y hortalizas (fuera de la PAC). El modelo que se ha aprobado contenta a la mayoría, aunque no a todos porque Asaja Cáceres critica que deja atrás a más de 30.000 perceptores de la PAC.
El censo que debe confeccionarse ahora tiene en cuenta a todos las personas físicas inscritas en el régimen de los autónomos del campo en la Tesorería General de la Seguridad Social, para lo cual la Junta y la Seguridad social están en conversaciones para definir el convenio que permita procesar los datos. "El censo se hará sí o sí", subraya Javier Gaspar, Secretario General de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Es el trámite básico para convocar las elecciones y desde la consejería confían en que se pueda solventar "en los próximos días" con el texto ya aprobado. La Junta trató de confeccionarlo de forma paralela a la tramitación de la ley pero la Seguridad Social les advirtió que no era posible. "No es un impedimento legal sino --y así se recogió en el DOE-- una imposibilidad formal", afirma Gaspar.
La convocatoria podría celebrarse en el mes de febrero, según reclaman organizaciones como UPA-UCE y Apag Extremadura Asaja, que consideran ese mes el idóneo por el descenso de actividad en ese momento. De ser así, y según los plazos que establece la ley, el proceso tendrá que estar en marcha en el mes de diciembre y a él podrán concurrir todas las organizaciones con implantación en Extremadura. Deberán obtener un mínimo del 15% de los votos para formar parte del órgano de representación.
MAQUINARIA ELECTORAL Las organizaciones agrarias restan trascendencia al proceso electoral que consideran que "no es el principal problema de los que viven del campo". Aún así coinciden en destacar que es la única herramienta que determina la composición de los órganos de interlocución de los agricultores con la Junta de Extremadura y por ello "es necesario" que pueda llevarse a cabo con todas las garantías. De lo que se decida en esas elecciones depende, además de la composición del órgano interlocutor con la administración, el reparto de las ayudas que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente contempla cada año en sus presupuestos y que rondan en la actualidad
los 300.000 euros.
Que no se hayan producido elecciones al campo en Extremadura en los últimos 15 años no es una situación excepcional según coinciden en señalar todas las organizaciones agrarias consultadas. De hecho solo Castilla y León las celebra cada cinco años y regiones como Castilla la Mancha, Andalucía o la Comunidad Valenciana no han convocado nunca elecciones, mientras que Galicia las ha celebrado en una ocasión.
En los próximos meses deberá organizarse además la maquinaria electoral para estos comicios y para ello se abrirán conversaciones con las diputaciones, las administraciones locales o la Fempex. Habrá que definir dónde se instalarán las mesas electorales en función del censo que resulte --plantea que haya una mesa en aquellos núcleos de población que tengan al menos diez electores y que cuando no se alcance esa cifra la junta central define dónde votarán, en función de criterios de proximidad y comunicaciones--, así como fijar cuántas personas formarán parte de las mesas y con qué cuantía se les indemnizará por ello. Este engranaje se sufragará con parte del presupuesto consignado en el capítulo dos de la Secretaría General, aunque no se ha definido a cuanto ascenderá.
